La audiencia en la Cámara de Senadores de Santa Fe expuso un reclamo claro: la Ruta Nacional 34 está en estado de abandono y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) la definió como “la más peligrosa de la provincia”, con “más de un fallecido por kilómetro”. El reclamo cobró fuerza tras el siniestro del 12 de abril de 2026 que costó la vida a cuatro integrantes de una familia de Carlos Pellegrini, y congregó a legisladores, intendentes, presidentes comunales y vecinos.
¿Por qué la Nación no prioriza la RN34?
Vemos que la discusión excede a la anécdota: los oradores vincularon la falta de inversión nacional con una decisión política sostenida en el tiempo. De acuerdo al Observatorio Vial de la APSV, el 62% de los siniestros fatales en la RN34 durante el último año ocurrieron en horario nocturno, en una traza sin iluminación adecuada. Ese dato técnico arroja una conclusión operativa —mejorar iluminación y señalización— y una política: priorizar corredores productivos. El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, recordó además que lleva “más de 20 años” reclamando una rotonda en la intersección RN34-RP39, obra que finalmente fue costeada por la provincia. La pregunta que queda en el aire es clara: si la vía es un corredor internacional de producción, ¿por qué no vuelve a la agenda de inversiones nacionales con urgencia y partidas concretas? (fuentes: APSV; Observatorio Vial de la APSV; audiencia Senado, 22/4/2026).
Lente fiscal: ¿quién paga las obras y en qué condiciones?
Desde la perspectiva fiscal, la situación es doblemente relevante para Santa Fe. Por un lado, los intendentes relataron que muchas localidades debieron asumir mantenimiento y señalización con recursos propios frente a la inacción nacional. Por otro, el gobernador decidió financiar obras puntuales como la rotonda citada por Michlig, lo que evidencia un traslado temporal del costo al presupuesto provincial. Esto obliga a plantear dos exigencias: transparencia sobre partidas y plazos, y claridad sobre propuestas alternativas (transferencia, concesión o financiamiento nacional). La diputada Gisela Scaglia propuso estudiar mecanismos de transferencia o concesión para garantizar obras; son opciones legítimas, pero requieren auditorías y cláusulas de control público para evitar que una solución fiscal sea, en la práctica, la privatización del mantenimiento sin supervisión. Exigimos cifrar costos, fuentes de financiamiento y cronogramas: la provincia no puede seguir sustituyendo obligaciones nacionales sin información pública y verificable (fuentes: intervención de intendentes y legisladores, audiencia Senado, 22/4/2026).
¿Qué medidas concretas deben exigirse ya?
La audiencia avanzó en propuestas que combinan lo inmediato con lo estructural. En lo urgente: mejorar iluminación en los tramos nocturnos —donde se concentra el 62% de los fatales—, reforzar señalización y banquinas y establecer puestos de emergencia y control de velocidad. En lo estructural: transformar los tramos de mayor siniestralidad en vías con perfil de autopista o carriles separados, tal como advirtió Alcides Calvo al señalar que “donde existe autopista se evidencia una reducción marcada de la siniestralidad”. Como paso institucional, varios oradores propusieron un recurso de amparo colectivo para forzar respuestas del Estado nacional; es una vía válida que, de avanzar, debe acompañarse de perímetros técnicos y plazos concretos. No alcanza con visibilizar tragedias: hace falta un plan con responsables, presupuesto etiquetado y auditoría ciudadana.
Institucional y electoral: qué cambia para Santa Fe
La discusión en la Cámara no es solo técnica: también tiene un costado político y federal. Pedir que “salga de Santa Fe una voz potente” (Michlig) responde a la necesidad de articular reclamos territoriales frente a un Estado central que, según los presentes, prioriza recaudación por sobre inversión. Desde el lente electoral, quienes lideren la agenda de obras pueden capitalizar legitimidad en el interior; desde el lente institucional, debe evitarse gobernar por gestos: cada obra financiada por la provincia exige rendición pública. En coherencia con nuestra postura previa sobre transparencia, exigimos que cualquier acuerdo —transferencia, concesión o aporte provincial— venga acompañado de auditorías independientes, cláusulas de ejecución y cronogramas verificables, y datos públicos sobre costos y responsables. Si no, las próximas audiencias terminarán siendo sólo declaraciones.
La ruta 34 necesita decisiones inmediatas y transparencia sostenida: obras, financiamiento claro y control ciudadano para que las víctimas no sean sólo cifras en una estadística.
