Las ferreterías del país registraron caídas de ventas de hasta 25% en febrero, según la Cámara de Ferreterías de la República Argentina (Cafara), y enfrentan el cierre de plantas locales mientras el mercado se inunda de productos importados.
¿Por qué cayeron las ventas?
Vemos tres causas entrelazadas. Primero, la pérdida de poder adquisitivo: la demanda no solo está más baja, sino que los consumidores priorizan gasto esencial, una observación coincidente con el relevamiento de CAME que mostró una baja interanual de ventas pymes de 5,6% en febrero (CAME). Segundo, la apertura de importaciones genera competencia de precios con productos asiáticos que manufacturas locales no pueden igualar; representantes del sector de Rosario señalaron que “el 80% de la mercadería es importada” y que la carga tributaria efectiva para fabricantes ronda el 28% (entrevista en La Primera de la Tarde, Radio 2). Tercero, el stock de importadores está elevado mientras la salida de mercadería es baja, lo que oprime márgenes a todos los eslabones.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
El efecto es transversal: fabricantes, importadores y comercios pierden. De acuerdo a CAME, la producción industrial de las pymes cayó 7,9% interanual en febrero y el índice intermensual mostró una baja de 0,5%, una señal de que no hubo recuperación inmediata. El sector ferretero agrupa alrededor de 15.000 locales en el país, y la combinación de baja demanda con cierre de plantas (por ejemplo, el caso de Bahco en Santo Tomé citado por el sector) anticipa pérdida de empleo y cierre de eslabones en la cadena. Ricardo Diab (CAME) advirtió que “no se salva ni el importador, ni el fabricante ni el comerciante”: el importador acumula stock, el fabricante no puede competir y el comerciante vende menos de la mitad que antes, según su diagnóstico en audios públicos. Estas cifras muestran que el problema no es solo competencia desleal puntual, sino una contracción generalizada de la demanda.
¿Qué medidas públicas son razonables y viables?
Primero, claridad fiscal y selectividad: el reclamo de reducción o reconfiguración de impuestos para la industria local (el sector menciona una carga total alrededor del 28%) puede ser legítimo, pero debe estar acompañado de criterios transparentes y temporales para no generar arbitrio fiscal. Segundo, administración de importaciones por categorías sensibles: los empresarios piden restricciones en insumos puntuales (mechas, machos, bulones) para dar tiempo de ajuste a las cadenas productivas; cualquier medida debe ceñirse a normas de la OMC y respetar procesos aduaneros. Tercero, políticas de ingreso y demanda: sin recuperación del poder adquisitivo y sin paritarias que le ganen a la inflación, no habrá rueda de consumo que impulse al sector — esto conecta con la exigencia de políticas que protejan salarios frente a la inflación. Finalmente, la asistencia temporal bien dirigida (créditos por plazo y tasa fija vinculados a inversión productiva) puede evitar cierres inmediatos sin romper la disciplina fiscal que el Gobierno dice sostener.
Perspectiva y cierre
Los números son claros y coincidentes: caída de demanda (ventas pymes -5,6% en febrero, CAME), caída de producción (-7,9% interanual, CAME) y relatos de firmes que ya cierran plantas. Además, el sondeo de CAME muestra que solo 19,4% de los consultados considera el contexto favorable para invertir y que 9,3% proyecta una disminución en la producción para el próximo año, lo que anticipa estancamiento. En ese marco, la política tiene dos opciones: aplicar medidas rápidas y temporales para sostener el empleo y la producción local, o dejar que la competencia abierta acelere el proceso de desindustrialización en rubros vulnerables. Exigimos transparencia en las decisiones sobre importaciones y apoyo focalizado a la producción nacional, junto con políticas que garanticen que los salarios y las paritarias no queden detrás de la inflación, porque sin demanda estable no se sostienen ni importadores ni fabricantes ni comercios.
