En la Argentina se detectan 13.000 casos de cáncer de pulmón por año y, según la nota de La Nación que cita al cardiólogo Jorge Tartaglione, el 75% de esos casos llega tarde. A partir de esas cifras Tartaglione propone la tomografía de baja dosis como un estudio que “podría salvarle la vida a 1.500 fumadores”; recomienda además que se la realicen quienes fuman o fumaron, especialmente entre 55 y 74 años. Esta apertura resume la propuesta clínica que circuló en LN+ y plantea dos preguntas urgentes: quiénes deben hacerse el estudio y cómo se implementa con equidad en un sistema fragmentado.
¿Quiénes deberían hacerse la tomografía?
Según Tartaglione (citado en La Nación), el tamizaje con tomografía de baja dosis se orienta a personas de 55 a 74 años que fuman o fumaron y que acumulan más de 30 paquetes-año —en la misma intervención el especialista traduce ese umbral como 600 cigarrillos por año—; también recomienda incluir a quienes dejaron de fumar en los últimos 20 años. Ese criterio temporal (últimos 20 años vs más de 20 años) es parte de la definición de riesgo que manejan algunos programas de detección. Además de repetir la recomendación del especialista, hay que recordar que el concepto técnico de “paquetes-año” debería clarificarse en la comunicación pública: un paquete-año suma la cantidad de paquetes diarios multiplicada por los años fumados. La nota no aporta datos oficiales del Ministerio de Salud sobre sensibilidad/especificidad de la técnica en Argentina, por lo que el consejo prudente para el lector es: consultá con tu médico y, si cumplís los criterios, pedí información sobre indicación, beneficios y posibles falsos positivos.
¿Es accesible y gratuito en Argentina?
Tartaglione afirmó que hay una tendencia en expansión y citó cuatro provincias donde se desarrollan iniciativas —Salta, Mendoza, Córdoba y La Rioja— que combinan radiografía y algoritmos de inteligencia artificial, según la nota de La Nación. Eso muestra que la tecnología está circulando, pero no responde al problema de cobertura: la nota no especifica costos, ni la existencia de programas públicos nacionales ni cupos para población de bajos ingresos. Mientras tanto, la cifra que guía la urgencia (13.000 casos anuales y 75% de diagnóstico tardío) sugiere una brecha entre lo que se puede detectar y quienes efectivamente acceden a diagnósticos tempranos. Vemos que empresas privadas ofrecen soluciones innovadoras, pero sin un marco público que regule evaluaciones, calidad y derivación el riesgo es que la oferta quede concentrada en sectores con capacidad de pago. Para transformar el dato epidemiológico en impacto real hace falta además conectar el tamizaje con rutas de diagnóstico confirmatorio y tratamiento accesible.
¿Qué debería hacer el Estado?
Desde nuestra perspectiva, la detección temprana requiere presencia estatal territorial y protocolos integrales de salud pública —coherente con nuestra posición previa—; no alcanza con que haya proyectos privados en cuatro provincias. Un programa nacional debería definir indicaciones claras (por ejemplo: edad 55-74, >30 paquetes-año, exfumadores hasta 20 años desde el cese), estándares de calidad para tomografía de baja dosis, capacitación y auditoría de los algoritmos de inteligencia artificial, además de financiar confirmación diagnóstica y tratamientos. Con 13.000 casos anuales y tres de cada cuatro llegándolo tarde (datos citados en La Nación), la política debería incluir metas temporales y registros que permitan comparar años y medir el impacto —hoy la nota no ofrece una comparación año contra año sobre detección temprana—. También es clave integrar campañas de cesación tabáquica y controles en los centros de salud comunitarios: el tamizaje tiene sentido si viene acompañado de caminos claros hacia el tratamiento y soporte social. Exigimos, por tanto, presencia estatal sostenida en territorio, protocolos públicos y recursos para que la promesa de salvar vidas no quede en una recomendación aislada de consultorio.
