El neurocirujano Pablo Rubino declaró el 26 de mayo de 2026 en los Tribunales de San Isidro y aportó detalles que complican la versión del neurocirujano Leopoldo Luque sobre la operación por hematoma subdural que sufrió Diego Maradona en noviembre de 2020. Rubino afirmó que a Maradona se le practicó una tomografía que mostró un hematoma con un espesor de 14 milímetros y que en la cirugía había al menos cinco profesionales involucrados; además señaló que se calculó que había 120 centímetros cúbicos de sangre en el cráneo. Todos estos datos fueron consignados por El Ciudadano en la cobertura del juicio.

¿Qué dijo Rubino en la Justicia?

Rubino explicó que Luque lo llamó para avisar que llevaba a Maradona para operarse y que, ante imágenes pequeñas mostradas en un celular, resolvieron pedir estudios nuevos. La tomografía reveló un hematoma de 14 milímetros, y Rubino citó la regla práctica: por encima de 10 milímetros el hematoma puede evolucionar y crecer, según su relato en tribunales — información publicada por El Ciudadano el 26/5/2026. Rubino también detalló que Luque “organizó la intervención quirúrgica” en Clínica Olivos pero sostuvo que no le consta que alguien le haya impedido participar en la cirugía. Estos puntos apuntan a la discusión sobre la responsabilidad colegiada en el quirófano y sobre quién tomó decisiones clave en el posoperatorio.

Contexto médico y protocolos: ¿se siguieron las guías?

El dato técnico que expuso Rubino —14 milímetros— es relevante porque, como él mismo señaló ante la Justicia, los textos médicos suelen considerar un umbral de 10 milímetros para indicar riesgo de progresión; esta comparación deja en evidencia por qué se decidió evacuar el hematoma, según lo publicado por El Ciudadano. Además, el cálculo de 120 centímetros cúbicos de sangre dentro del cráneo fue mencionado en la declaración, una cantidad que Rubino describió como incompatible con la normalidad. La discusión que sigue en el debate público es si, tras la cirugía realizada en noviembre de 2020 en Clínica Olivos, se respetaron los protocolos de internación y monitoreo. La familia y el equipo médico acordaron trasladar a Maradona a una internación domiciliaria en San Andrés de Tigre, una decisión que ahora está en el centro del peritaje judicial.

Implicaciones judiciales y cadena de responsabilidades

El proceso oral que se sigue en San Isidro tiene a siete imputados por supuesto homicidio simple con dolo eventual: Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios Nancy Forlini — listado consignado por El Ciudadano. La declaración de Rubino aporta a la prueba respecto de quién organizó la cirugía, qué se observó en los estudios y qué se decidió sobre el alta. Casi cinco años después de la intervención de noviembre de 2020, el juicio intenta reconstruir una cadena de decisiones compartidas entre clínica, médicos y la empresa de cuidados domiciliarios. En este tipo de causas la Justicia evalúa tanto la conducta profesional individual como la coordinación entre equipos.

Qué queda para la salud pública y la confianza clínica

Vemos este juicio no solo como un episodio judicial, sino como una señal sobre la regulación y supervisión de la internación domiciliaria y las responsabilidades en equipos interdisciplinares. Maradona tenía 60 años cuando murió pocos días después de la cirugía, dato consignado por El Ciudadano; ese hecho obliga a repensar límites de la atención en domicilio para pacientes con riesgo neurológico alto. Exigimos protocolos claros, controles estatales y trazabilidad en las decisiones clínicas que impliquen traslado a domicilio, coherente con nuestra postura previa sobre salud pública y planificación. La causa en San Isidro puede aportar precedentes sobre supervisión profesional, transparencia en la comunicación con la familia y estándares mínimos para privados y obras sociales que brindan cuidados en el hogar.