Seis personas quedaron aprehendidas y se secuestraron armas y drogas en trece allanamientos realizados entre Ludueña Norte y Nuevo Alberdi, en un operativo de la Policía Federal ordenado por el fiscal de Microtráfico Diego Giro, según fuentes del caso.
¿Qué pasó y qué se secuestró?
El operativo tuvo lugar en domicilios de Bielsa al 5900, 6100 y 6200 y Garzón al 400 bis —todos en Ludueña—; además hubo medidas en Brasil al 2600 y Caracas al 2600, en Nuevo Alberdi, según la PFA. En total se dispusieron trece allanamientos y seis aprehensiones, dijeron fuentes judiciales. Entre lo incautado hubo dosis de cocaína listas para la venta, un trozo de cannabis prensado, decenas de celulares y pistolas calibre 9 milímetros; dos de esas balas fueron encontradas en armas con la numeración limada, según el parte policial. La causa reviste carácter de organización: en la investigación original fueron identificadas al menos doce personas imputadas vinculadas a lo que se denominó la “banda del Playón”, con base en Bielsa y Magallanes, según la audiencia imputativa publicada por Rosario3 en diciembre. La mayoría de esos imputados está en prisión preventiva; la situación será evaluada el 4 de junio, informaron fuentes judiciales.
¿Por qué importa esto para Ludueña Norte?
Ludueña Norte es uno de los sectores donde, según vecinos, la venta callejera y la presencia de “soldaditos” se volvió rutina en torno a puntos como Bielsa y Magallanes. El operativo apunta a desarticular estructuras que, según las intervenciones telefónicas citadas en la causa, hablaban de “ir a la guerra” con grupos antagónicos y hasta de “quemar” búnkeres rivales. Ese lenguaje no es retórico: en la causa se menciona el homicidio de Darío “Nano” Víttori, de 49 años, ocurrido en Solís al 400 bis, cerca de un kiosco vinculado al narcomenudeo, como un hecho que forma parte del conflicto territorial. Para los vecinos, la sucesión de allanamientos y la exposición pública de imputados puede aliviar la convivencia si viene acompañada de medidas sociales; de lo contrario, el vacío de presencia estatal suele ser rellenado por disputas territoriales que aumentan el riesgo para las familias del barrio.
¿Cómo actuaron las instituciones y qué falta?
La intervención estuvo dirigida por la Policía Federal y ordenada por el fiscal de Microtráfico Diego Giro, según fuentes judiciales. Que la fuerza nacional intervenga en localidades de la ciudad habla de coordinación entre jurisdicciones, pero no reemplaza la necesidad de respuestas sostenidas: prevención social, controles municipales y acompañamiento a víctimas y testigos. En la investigación, las pruebas incluyeron escuchas telefónicas que, según el fiscal, dan cuenta de la escalada entre organizaciones; esas pruebas motivaron las imputaciones y las medidas cautelares. Aun así, los vecinos reclaman presencia cotidiana del Estado —policías de proximidad con controles claros, programas sociales y mejoras en infraestructura— porque los operativos puntuales suelen reducir la tensión solo temporalmente. Exigimos, como postura editorial coherente con notas previas, presencia estatal sostenida en barrios: investigación transparente, acompañamiento a víctimas y políticas sociales preventivas.
¿Qué sigue y qué pueden esperar los vecinos?
La causa seguirá su curso: la revisión de las prisiones preventivas está prevista para el 4 de junio, y las investigaciones intentarán determinar vínculos entre la banda del Playón y otros grupos antagónicos. Para los vecinos, el efecto inmediato puede ser la disminución de la venta a la vista y la recuperación de algunas calles, pero la experiencia local muestra que sin medidas de largo plazo la calma es frágil. Pedimos que las autoridades informen con claridad los pasos siguientes y que se incorporen indicadores medibles —por ejemplo, tiempos de respuesta policial, clausuras de búnkeres y programas de reinserción— para evaluar resultados. Mientras tanto, la comunidad espera medidas judiciales efectivas y acciones públicas que no se limiten a la prensa del día.
