Este miércoles, a un año del caso que sacudió el sistema sanitario local, familiares de víctimas se reunieron en el Centro Cultural Fontanarrosa para pedir justicia y respuestas concretas (El Ciudadano, 13/5/2026). Vimos a parientes con fotos, silencio y reclamos dirigidos tanto al laboratorio investigado como a las autoridades que recibieron alertas previas. La convocatoria coincidió con una resolución judicial que amplió el procesamiento con prisión preventiva del titular del laboratorio HLB Pharma.
¿Qué reclamaron las familias y por qué importa?
Las voces en la sala fueron claras: piden que no se banalice la responsabilidad y que la causa avance sin demoras. Según lo relatado por familiares a El Ciudadano, hubo 118 alertas que no habrían precipitado una clausura temprana del laboratorio (según familiares citados, El Ciudadano, 13/5/2026). Ese número aparece en el reclamo público como prueba de una falla de control que, para quienes sufren la pérdida, convierte el caso en más que un hecho aislado. Observamos que la demanda no es solo punitiva: reclaman investigación transparente, acceso a la información procesal y medidas para evitar repeticiones. Si la justicia se mueve con la lentitud que denuncian los parientes, la prevención queda relegada a un segundo plano y las medidas administrativas y sanitarias se perciben insuficientes.
¿Dónde falló el Estado y qué preguntas quedan abiertas?
El acto puso el foco en dos eslabones: la producción privada y la vigilancia pública. Para los familiares, la cadena de responsabilidades incluye al laboratorio y al Estado que recibió y, según afirman, no actuó frente a las alertas (El Ciudadano, 13/5/2026). Desde nuestro lente territorial, esto interpela a la salud pública y a los controles regulatorios: ¿hubo inspecciones puntuales? ¿qué seguimiento se dio a los avisos? A un año del hecho, las familias siguen esperando respuestas concretas sobre esos procesos administrativos y sobre la trazabilidad del fármaco. También es necesario preguntar cómo se articulan las fiscalías, la ANMAT y las áreas de salud provincial para evitar vacíos. Si no hay tablero público de decisiones y sanciones, la desconfianza crece y la reparación simbólica se vuelve insuficiente.
Qué pedimos: justicia, prevención y presencia estatal
Nuestra postura es consistente con reclamos previos sobre Rosario: exigimos presencia estatal territorial y protocolos integrales de salud pública que incluyan detección, trazabilidad e intervención precoz. A la vez, pedimos que los procesos judiciales sean transparentes y con plazos razonables para que las familias conozcan el avance de las causas. No alcanza con una condena ejemplar si no se ponen en pie mecanismos de prevención: fiscalizaciones regulares, acceso a los legajos administrativos y políticas de comunicación de riesgos. Observamos que, a un año del caso (13/5/2026), la sensación de impunidad persiste entre los familiares y que la respuesta estatal debe combinar sanción, control y medidas sanitarias. Reclamamos además que cualquier reforma de fiscalización venga acompañada de recursos humanos y técnicos para la ANMAT y los organismos provinciales, y de canales claros para que los vecinos denuncien y obtengan respuesta.
Al cerrar la conmemoración, nos quedamos con tres tareas claras: acelerar la investigación judicial con transparencia, reforzar la fiscalización sanitaria para que no se repitan fallas, y sostener la presencia estatal en los territorios afectados. Solo así se honran los nombres y las historias que llevaron a la plaza y se evita que, dentro de un año, volvamos a escuchar las mismas preguntas sin respuestas.
