La diputada nacional Marcela Pagano pidió la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni por supuestos aprietes a un testigo, tras denunciar que Adorni se comunicó por WhatsApp con el contratista Matías Tabar antes de su declaración testimonial y le ofreció beneficios para modificar su relato, según la denuncia publicada por LA NACION. En la misma nota, Tabar declaró que recibió 245.000 dólares en efectivo por obras en la casa del country Indio Cua, y la causa contiene referencias a presupuestos originales por US$128.150 y una base aproximada de US$85.050, además de una partida separada de US$9.000 por la pileta (LA NACION). La diputada invoca la doctrina Irurzun para justificar la detención preventiva ante un riesgo procesal de entorpecimiento (fallo Irurzun, Cámara Federal, 2017).
¿Qué implica jurídicamente la invocación de la doctrina Irurzun?
La doctrina Irurzun, establecida por la Cámara Federal en 2017, permite considerar la prisión preventiva cuando existen vínculos del imputado que implican un peligro real y actual de entorpecimiento de la investigación, aun sin condena firme, y ese criterio es el que la denunciante trae al expediente (fallo Irurzun, 2017). Aplicarla exige que el juez constate indicios razonables de que el funcionario puede alterar testimonios, borrar pruebas o usar su influencia; por eso la denuncia destaca el contacto telefónico fechado el 4 de mayo de 2026 entre Adorni y el testigo antes de su declaración, lo que para Pagano configura un riesgo procesal inminente según LA NACION. Desde el punto de vista procesal, la medida cautelar debe calibrarse con pruebas objetivas —preservación de mensajes, pericias forenses sobre WhatsApp y rastreo de fondos— para que la gravedad del riesgo supere la regla general de libertad preventiva.
¿Qué dicen los hechos y los montos en disputa?
El relato de la causa incluye varios números concretos que conviene contrastar: el testigo Matías Tabar declaró haber recibido en mano 245.000 dólares para refacciones, sin factura intermedia, según fuentes citadas por LA NACION, y precisó que la contratación se acordó el 14 de septiembre de 2024 y que la obra duró ocho meses (LA NACION). El presupuesto inicial consignado por el testigo ascendía a US$128.150, pero habría quedado en una base aproximada de US$85.050 luego de excluir trabajos como carpintería de PVC y un grupo electrógeno, y además se menciona una partida de US$9.000 por la pileta (LA NACION). El entorno del jefe de Gabinete cuestiona esos montos y anticipó la solicitud de una pericia valuatoria de la vivienda, medida procedente que debe complementar la investigación probatoria para contrastar lo declarado con documentos, registros bancarios y la verificación física de los trabajos.
Qué preguntas públicas deja y qué medidas exigimos
Este caso mezcla un posible delito económico con un riesgo institucional: si existieron ofrecimientos para modificar una declaración, estamos ante un intento de entorpecimiento que no puede ser trivializado; sin embargo, la gravedad de la acusación obliga a que el proceso respete la presunción de inocencia y se apoye en pericias técnicas que acrediten lo afirmado. Vemos tres prioridades concretas: primero, preservar y peritar los mensajes de WhatsApp y los respaldos de comunicación del 4 de mayo de 2026 (LA NACION) para determinar si hubo ofrecimientos; segundo, auditar la trazabilidad de los pagos denunciados mediante pedidos de informes a entidades bancarias y pericias contables sobre los US$245.000 declarados; tercero, designar una auditoría independiente o perito judicial que compare el monto abonado con la valuación objetiva de las obras. En sintonía con nuestras posiciones previas, exigimos transparencia y auditoría independiente sobre los pagos vinculados a funcionarios y la trazabilidad de fondos, porque solo la claridad probatoria permitirá sostener o descartar medidas excepcionales como la prisión preventiva sin transformarlas en herramienta política.
