El proyecto oficial que hoy llega a la Cámara de Diputados restringe los subsidios del régimen de Zonas Frías al padrón del SEF y establece criterios concretos de elegibilidad: ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con CUD. Según El Ciudadano (20/5/2026) la reforma busca corregir la ampliación de 2021 que, en palabras del texto, elevó los beneficiarios a “casi la mitad” de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.
¿Qué propone exactamente y a quién alcanza?
Vemos que el proyecto quiere concentrar los subsidios en un universo más acotado y ligado a indicadores de vulnerabilidad. El criterio central es el SEF: el umbral explícito son “tres Canastas Básicas Totales” como tope de ingreso (según El Ciudadano, 20/5/2026). Además, incorpora criterios no contributivos —Pensión Vitalicia y CUD— y reconoce situaciones territoriales históricas: Patagonia, Malargüe y la Puna seguirían incluidas. El texto agrega la venta de garrafa y propano a granel en esas áreas al esquema de Zona Fría. Estas definiciones operativas son útiles, pero el proyecto, tal como fue difundido, no publica un padrón provincial ni un cálculo del volumen de beneficiarios por provincia; sin ese dato es imposible saber el alcance real del recorte.
¿Cómo impacta esto en Santa Fe y en los usuarios residenciales?
En lo inmediato no hay un número público que indique cuántos santafesinos perderían subsidio: el proyecto delimita criterios nacionales, pero no adjunta mapa de exclusiones por provincia (según El Ciudadano, 20/5/2026). Por eso exigimos transparencia sobre el padrón: necesitamos saber cuántos usuarios con gas por red en Santa Fe entran hoy en el SEF y cuántos quedaron incluidos por la ampliación de 2021, que el propio proyecto describe como haber alcanzado “casi la mitad” del total de usuarios residenciales con gas por red. Sin esos cruces no podemos evaluar el efecto distributivo local. Además, la cláusula que obliga a la Secretaría de Energía a “evaluar” la relación entre CUD y necesidad económica requiere procedimientos claros para evitar que familias con discapacidad pierdan protección por meras formalidades.
¿Qué preguntas fiscales y políticas quedan abiertas?
Desde el lente fiscal, la propuesta promete ordenar el gasto energético: focalizar puede reducir erogaciones, pero el proyecto no publica una estimación del ahorro ni la línea presupuestaria afectada (según El Ciudadano, 20/5/2026). Aquí reaparecen nuestras demandas constantes: transparencia fiscal y cifras públicas. Políticamente, la medida puede leerse como intento de corregir un incentivo pervertido por la ampliación de 2021, pero también implica un costo electoral en distritos con alta proporción de usuarios medios que hoy reciben subsidio. La comparación temporal es clara: la ampliación de 2021 vs. la focalización propuesta en 2026 redefine beneficiarios; falta saber el impacto interanual en gasto y en tarifas reales para hogares.
Conclusión: qué exigiríamos antes del debate final
Exigimos tres pasos mínimos antes de sancionar: primero, la publicación del padrón provincial desagregado por criterios del SEF para medir cuántos pierden o ganan; segundo, una estimación fiscal clara y pública del ahorro esperado y la partida presupuestaria que se modificará; tercero, criterios operativos y plazos garantizados para proteger a grupos vulnerables (personas con CUD y pensionados) mientras se implementa la segmentación. Reiteramos nuestra postura de coherencia: pedimos transparencia fiscal y medidas que eviten desindexaciones abruptas que terminen trasladando costos a jubilados y hogares vulnerables. Sin esos datos, el debate quedará en una discusión de principios sin posibilidad de cuantificar ganadores y perdedores.
