Un motociclista murió este martes por la tarde en Molina y Cafulcurá, a pocos metros de Circunvalación y Camino de los Granaderos, en barrio La Cerámica. Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió cerca de las 17:00 cuando una unidad de la línea 153, que circulaba con pasajeros a bordo, no llegó a frenar y arrolló al conductor de la moto. Testigos dijeron que el motociclista pudo haberse descompuesto antes de la caída; las pericias están en curso y el colectivo permaneció en el lugar con las balizas encendidas.
¿Qué pasó en La Cerámica?
En la escena, vecinos y pasajeros describieron una imagen de conmoción: el colectivo detenido, gente obligada a descender y personal policial realizando las primeras averiguaciones. Según fuentes policiales, hubo 1 fallecido —el conductor de la moto— y el ómnibus colaboró con el perímetro hasta que finalizó la inspección. También se informó la presencia de móviles de la policía provincial, unidades de la Policía Federal y personal de Gendarmería durante las labores iniciales. Los pasajeros fueron convocados a testificar; varios declararon que el chofer no alcanzó a frenar. Las autoridades locales comunicaron que la unidad esperó en el lugar hasta la retirada por orden de la fiscalía.
¿Qué dicen los vecinos y qué revela esto sobre la seguridad vial?
Vecinos del barrio señalaron que la circulación de motos es cotidiana en la zona norte de la ciudad y que la falta de infraestructura —verdaderas bicisendas, semaforización adecuada y mantenimiento del pavimento— complejiza la convivencia entre ómnibus y motos. En la misma tarde se registró otro choque en Junín y Teniente Agneta donde, según testimonios locales, 2 motociclistas resultaron heridos (uno con fractura expuesta). Estos hechos confirman que, además de la emergencia puntual, hay un patrón: los motociclistas son actores vulnerables en la vía pública. Según el Observatorio Vial del Ministerio de Transporte, en 2024 los motociclistas representaron alrededor del 35% de las víctimas fatales en siniestros viales a nivel nacional, una cifra superior a la registrada en 2019, cuando rondaban el 30% —datos que muestran una tendencia creciente y obligan a medidas específicas.
¿Qué debe hacer el Estado y qué pedimos desde aquí?
Desde nuestra perspectiva exigimos una presencia estatal sostenida en políticas de movilidad: mayor inversión en infraestructura que separe flujos, semaforización inteligente en cruces de alta conflictividad y campañas de educación vial focalizadas en usuarios de motos y transporte público. No alcanza con sancionar después del accidente; se necesitan acciones preventivas. Además, reclamamos transparencia en los registros operativos: tiempos de respuesta de emergencias y datos desagregados por tipo de vehículo deben ser públicos para diseñar intervenciones. La muerte en Molina y Cafulcurá se suma a otros casos que piden urgencia: infraestructura, educación y control articulados entre municipio, provincia y Nación son imprescindibles para reducir la siniestralidad. Exigimos que esas políticas sean sostenidas y con evaluación periódica para medir su impacto.
