La recaudación tributaria de abril alcanzó $17,4 billones, lo que representa un aumento nominal del 27% respecto a abril de 2025 pero una caída del 4% una vez descontada la inflación, según los datos publicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esa contracción se inserta en una racha más amplia: ARCA e Iaraf coinciden en que la recaudación nacional acumula nueve meses consecutivos de baja. Este primer dato resume la tensión entre cifras nominales que lucen crecientes y resultados reales que retroceden.
¿Qué muestran los números centrales y qué interpretación fiscal tiene?
Los datos oficiales indican que entre enero y abril ARCA registró ingresos por $68 billones, casi 24% por encima del mismo período de 2025, pero la lectura real es distinta cuando se descuentan precios. En abril el IVA neto sumó $6 billones y creció 28,3% nominal, pero cayó 2,5% en términos reales, mientras que el Impuesto a las Ganancias aportó $3,1 billones con un aumento nominal del 28% (según ARCA). Por su parte, los aportes a la seguridad social totalizaron $4,55 billones en abril, un 26,6% más nominal; Iaraf señala que ese rubro también cae en términos reales, lo que evidencia pérdida de empleo registrado o de salario real. La conclusión fiscal es clara: los ingresos crecen por efecto de precios y medidas puntuales, pero no recuperan poder adquisitivo ni sostienen mayor capacidad de gasto público real.
¿Cómo impacta esto en la economía real y en las provincias?
La caída en términos reales tiene efectos directos sobre la capacidad del Estado para financiar gastos corrientes y transferencias a provincias. ARCA reporta que los derechos de exportación recaudaron $574.547 millones en abril, una variación interanual nominal negativa del 13,3% atribuida a la baja de alícuotas para soja, trigo y maíz; Iaraf calcula que ese rubro podría haber caído 34,4% en términos reales. Menos ingresos nacionales implican menor margen para coparticipar o compensar a provincias que dependen de transferencias, como Santa Fe, con fuerte vínculo al agro. Además, la caída real del IVA y de las contribuciones sociales suele anticipar menor consumo y menor empleo formal, lo que retroalimenta la retracción recaudatoria a nivel local.
¿Qué medidas explican la merma y qué señales envía la política tributaria?
El reporte oficial y el análisis de Iaraf subrayan dos factores: una desaceleración del comercio exterior por una base de comparación elevada y cambios de política tributaria que redujeron cargas al sector agroexportador. Además, la menor actividad interna también juega. Entre los rubros que más retroceden Iaraf destaca impuestos internos con una baja real estimada de 21,1% y derechos de importación con -12,5% real; los combustibles y el impuesto al cheque son excepciones que crecieron por ajustes puntuales (el impuesto al cheque recaudó $1,42 billones en abril, con un aumento nominal del 35%, según ARCA). La suma de estas decisiones muestra que parte de la caída es deliberada —una transferencia de carga a favor del sector exportador— y parte es coyuntural por actividad.
Qué pedimos desde la columna: transparencia, auditoría y prioridades fiscales
Ante una recaudación que cae en términos reales y cambios tributarios que generan ganadores y perdedores, exigimos transparencia y una auditoría independiente sobre el impacto fiscal y distributivo de las medidas, en coherencia con nuestras posiciones previas sobre transparencia y control de fondos. Concretamente pedimos que el Ejecutivo publique el costo fiscal efectivo de la reducción de alícuotas de derechos de exportación y el destino de esos menores ingresos, y que la Legislatura reciba estimaciones de corto y mediano plazo. Sin esa trazabilidad el debate público queda reducido a eslóganes: necesitamos datos que permitan evaluar si las políticas están cumpliendo objetivos de actividad, empleo y equidad, o si sólo trasladan presión fiscal a quienes menos pueden pagar.
En suma, los números de abril confirman una tendencia que obliga a priorizar la claridad fiscal antes que la retórica. Mientras los ingresos nominales suben por inflación y medidas puntuales, la recaudación real no se recupera y las provincias y el sector público enfrentan menor margen de maniobra. Exigir datos y auditoría no es una postura abstracta: es una condición para que la política económica pueda corregir el rumbo con información verificable.
