Cuatro personas fueron imputadas por extorsión en la causa que investiga la desaparición de Alicia Isabel Godoy, una mujer de 30 años vista por última vez el 4 de abril, y por cuyo paradero no hay novedades, según el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tres acusados —dos mujeres y un hombre— quedaron con prisión preventiva hasta el 13 de agosto; otro imputado quedó con restricciones y dos personas fueron liberadas al rechazarse la imputación en su contra.
Los hechos y la calificación de la causa
La fiscal Paula Barros atribuyó a un grupo de seis personas haber actuado de forma coordinada para privar de la libertad a Godoy y exigir pagos a su entorno, en el marco de una presunta deuda por consumo de estupefacientes, según el informe del MPA. El expediente indica que la víctima fue retirada de su casa en la zona de Flammarion al 4900 y trasladada a una vivienda en Vuelta de Obligado al 4900, donde habría permanecido retenida; desde el 4 de abril no se registraron contactos ni pruebas de vida. Durante la audiencia, la jueza Luciana Vallarella rechazó el planteo de incompetencia y redujo en algunos casos la figura de secuestro extorsivo agravado a extorsión, en función de la evidencia disponible hasta ahora. La resolución dispone prisión preventiva para tres imputados hasta el 13 de agosto, un plazo de 105 días según la medida judicial.
¿Qué papel juega el microtráfico en la investigación?
La fiscalía sostiene que la investigación está cruzada por una estructura de microtráfico que funcionaba desde al menos marzo en la zona sur de la ciudad, es decir, un mes antes de la desaparición denunciada, según el MPA. Peritajes telefónicos y conversaciones de WhatsApp aportadas al expediente muestran una organización con roles definidos para la compra, fraccionamiento y venta de cocaína y “varios puntos de expendio”, de acuerdo al reporte judicial. En paralelo, la familia denunció amenazas con armas y exigencias de pagos; hubo entregas de bienes y transferencias a cuentas vinculadas a dos imputadas, y hasta la participación de una menor en la maniobra, según consta en la acusación. Estos elementos permitieron a la fiscalía sostener la hipótesis de extorsión ligada a una deuda por estupefacientes.
Ausencia o respuesta estatal: qué falta en la zona sur
Los hechos revelan una superposición de violencia, microcomercialización de drogas y mecanismos de extorsión que prosperan donde falta presencia estatal efectiva. Vemos, según la causa, denuncias al 911 y peritajes telefónicos que confirmaron organización; pero la pregunta es qué respuesta social y administrativa se dio antes y después de la desaparición. La reducción de la calificación penal por la jueza también subraya límites probatorios que dependen de la investigación criminal y de la transparencia en la recolección de pruebas. Desde nuestra postura sobre seguridad, exigimos control civil y transparencia; la intervención de organismos de control y la publicación de avances serían pasos mínimos para reducir la percepción de impunidad en barrios vulnerables.
Qué piden los familiares y qué puede esperarse del proceso
Los familiares denunciaron amenazas y pagos para “recuperarla”; el MPA consignó entregas de bienes y transferencias a cuentas vinculadas a imputadas y la participación de una menor en las maniobras. Pedir nombres, plazos y pruebas no es mero formalismo: las víctimas tienen nombre y familia, y la investigación debe avanzar con celeridad y con garantías procesales. Exigimos que la justicia garantice transparencia en la cadena de pruebas y que la policía y las fiscalías rindan cuentas sobre tiempos de respuesta y peritajes. A mediano plazo, la prevención pasa por políticas que combinen control, atención social y programas contra el consumo problemático: la seguridad no se resuelve solo con más policía, sino con presencia estatal integral en salud, educación y empleo en los barrios afectados.
