El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que recibió US$245.000 en efectivo por las refacciones en la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, y aportó presupuestos, contratos y facturas para respaldar su versión, según informó El Ciudadano en su nota del 4/5/2026. Tabar también dejó su teléfono para peritaje en Comodoro Py, donde el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Esta afirmación, por su monto y su forma de pago, desplaza la discusión del relato político al terreno fiscal y probatorio.
Detalle de la declaración y los números
En su presentación ante Pollicita, Tabar precisó que el monto recibido fue de US$245.000 en efectivo y describió obras que incluyeron pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín, según El Ciudadano. La obra, dijo, se ejecutó en un lote de 400 metros cuadrados durante diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, datos que la fiscalía ahora confrontará con las facturas y contratos aportados. El importe declarado por el contratista es notablemente superior al valor que figura como precio de compra del inmueble citado por la investigación, de alrededor de US$120.000, lo que plantea una diferencia que la causa debe explicar. Además de los papeles contables, Tabar entregó su teléfono celular para peritaje forense: se trata de evidencia digital que puede confirmar comunicaciones y órdenes de pago.
¿Qué implica esto para la transparencia pública?
Cobros en efectivo de montos elevados suelen ser una señal de alerta para cualquier investigación de enriquecimiento ilícito. En este caso, los US$245.000 en efectivo —según El Ciudadano— obligan a preguntar por el origen de esos fondos, la cadena de pagos y si hubo declaraciones impositivas acordes. Desde el lente fiscal que aplicamos, hay tres ejes mínimos de exigencia: (1) que la fiscalía coteje las facturas presentadas con registros bancarios y registros impositivos; (2) que se determine si los supuestos préstamos a terceros que cita la causa, como el vínculo con jubilados mencionado en la misma nota, tienen comprobantes y trazabilidad; y (3) que los resultados del peritaje al celular se publiquen en la medida en que la causa lo permita y sin dañar derechos, para que la ciudadanía pueda verificar el proceso. Exigimos transparencia y auditoría independiente; es coherente con nuestra postura pública reciente sobre controles en procesos que implican funcionarios.
¿Qué pregunta deja el caso para la política y la gestión?
La política no puede reducir esto a una pelea retórica. Lo que pedimos es institucionalidad: procedimientos claros para auditar patrimonios, plazos razonables para la investigación y acceso público a las conclusiones esenciales. El caso también plantea una pregunta electoral y de confianza: si un funcionario figura en una causa por presunto enriquecimiento, ¿qué mecanismos tiene la provincia o la Nación para asegurar que no se usan fondos públicos o influencias para evitar investigación? La nota de El Ciudadano indica que, además del contratista, deberán declarar personas vinculadas a operaciones de compraventa y pagos, como Leandro Miano, cuyo testimonio incluirá celular y facturas. Esos cruces documentales serán centrales. No alcanza con la anécdota: la ciudadanía necesita que el proceso judicial avance con celeridad y que, en paralelo, se abran auditorías independientes cuando la escala del dinero y la condición de funcionario público lo justifiquen.
En síntesis, los datos aportados —US$245.000 en efectivo, comparación con US$120.000 de compra, 400 m2 y diez meses de obra, según El Ciudadano— trasladan el debate al terreno probatorio. Vemos la obligación de acompañar la investigación con pedidos públicos de transparencia y, cuando corresponda, auditorías externas que permitan cerrar la incertidumbre sobre el origen y destino de los fondos.
