Los transportistas, instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad convocaron a un paro nacional de 24 horas para el viernes 13 de marzo en demanda del pago de prestaciones adeudadas y la actualización de aranceles. Según informó el medio local El Ciudadano, la Asociación Provincial de Instituciones (Apridis) y transportistas nucleados en Atraes denunciaron que el gobierno nacional les debe hasta cinco meses de prestaciones y que los aranceles tienen un atraso del 40%.
¿Qué reclaman exactamente y por qué se llega al paro?
El reclamo combina tres ejes: cobro de prestaciones adeudadas, actualización de aranceles y cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Apridis dijo que hay un “cese de pago” iniciado en 2025 y que actualmente se acumulan cinco meses sin cobro, lo que, según la entidad, hace imposible sostener servicios. El sector insiste en que los aranceles tienen un atraso del 40% y que, ante esa brecha, no es posible pagar salarios ni los costos operativos básicos como combustible. Además, obras sociales nacionales como PAMI e Incluir Salud también fueron señaladas por demoras en el pago, según El Ciudadano. La medida —24 horas de paro, según la convocatoria— apunta a forzar una respuesta estatal inmediata y una actualización de parámetros económicos que garanticen la continuidad del servicio.
¿Cómo impacta esto en Rosario y en las personas con discapacidad?
En Rosario la adhesión de Apridis y de transportistas locales anticipa un alto impacto en el traslado de personas con discapacidad hacia centros de rehabilitación, escuelas y lugares de trabajo. Voces del sector advierten que hay transportistas que “todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer”; también se reportan sueldos adeudados desde enero, según la presidenta de Apridis, Mariel Chapero. El efecto inmediato es la restricción del derecho a la educación y a la inclusión laboral de personas con discapacidad: sin transporte y sin prestaciones, muchas familias pierden opciones concretas de acompañamiento. Desde la perspectiva territorial, esto agrava desigualdades preexistentes en barrios con menor oferta pública, donde la presencia estatal ya era percibida como insuficiente.
¿Qué puede y debe hacer el Estado frente a esta crisis?
La respuesta estatal tiene dos componentes mínimos y urgentes: pagos concretos y recomposición de aranceles. Los prestadores reclaman cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó por voluntad parlamentaria y, según ellos, no se está implementando. En lo operativo, una solución temporal incluye el reconocimiento inmediato de al menos los cinco meses adeudados (según Apridis) y la apertura de una mesa técnica para actualizar aranceles frente a la pérdida de valor real del pago, denunciada en un 40%. A mediano plazo, corresponde diseñar mecanismos que eviten la dependencia de periodos discrecionales de pago —por ejemplo, depósitos automáticos complementarios o adelantos trimestrales— y políticas que garanticen el combustible para transporte de pacientes. Observamos que sin medidas concretas, los cierres de instituciones y la pérdida de empleos serán consecuencias previsibles. Exigimos presencia estatal integral: no alcanza con comunicados; hacen falta decisiones y recursos que sostengan vidas y derechos.
