A partir del lunes 16 de marzo y hasta el sábado 21, las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y las escuelas preuniversitarias dejarán de dictar clases por una semana como parte de un plan de lucha nacional, según confirmaron los gremios Coad y Apur. La medida busca visibilizar una crisis presupuestaria que, a juicio de los sindicatos, hace “imposible” el normal dictado de clases y la operatividad de laboratorios y bibliotecas. En Rosario se instalará la llamada Carpa de la Resistencia en Plaza San Martín, donde se prevén clases públicas y actividades abiertas a la comunidad. El primer párrafo resume el hecho central: una semana sin clases para exigir actualización salarial y mayor financiamiento universitario.
¿Por qué se decidió un paro de una semana?
Los sindicatos explican que la decisión responde a un deterioro sostenido del salario y del funcionamiento institucional, y no sólo a una protesta puntual. Según un relevamiento de Chequeado.com, el poder adquisitivo de los salarios docentes universitarios cayó 34% entre noviembre de 2023 y el inicio de este ciclo lectivo, una comparación temporal que los gremios utilizan para justificar la medida; citan además la reducción de partidas para funcionamiento e investigación. En Rosario, Coad y Apur sostienen que sin una recomposición salarial y sin recursos para mantenimiento la docencia se vuelve insostenible, una afirmación que se combina con problemas concretos en edificios y servicios estudiantiles. El paro de una semana pretende ser un gesto de alcance nacional que obligue a abrir negociaciones con el Ministerio de Educación.
¿Cómo impacta esto en Rosario y en los estudiantes?
En términos prácticos, la suspensión afecta a cientos de cursos, comedores y trámites administrativos; los estudiantes y las familias sienten el impacto inmediato en su organización cotidiana. En Rosario la Carpa de la Resistencia se plantea como un espacio para visibilizar la situación y para sostener actividades alternativas: clases públicas, mesas de debate y ollas populares, según el cronograma gremial. Además de las clases, la contracción del presupuesto de funcionamiento complica laboratorios y bibliotecas; el mismo informe de Chequeado apunta a una contracción real del 28,9% en las partidas de funcionamiento de las universidades nacionales, dato que explica recortes en mantenimiento y compra de insumos. Para muchos estudiantes de barrios populares, la universidad es acceso a servicios que ahora están en riesgo, por lo que la protesta tiene también una dimensión social y territorial.
¿Qué pide la Ley de Financiamiento Universitario y qué implicaría aplicarla?
Los trabajadores reclaman la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé mecanismos de actualización de los haberes y de las partidas institucionales frente a la inflación; los gremios aseguran que su implementación permitiría recuperar parte del poder adquisitivo perdido. El pedido es técnico pero con consecuencias concretas: actualización salarial, fondos estables para mantenimiento y líneas para investigación y extensión. Si se aplicaran las fórmulas previstas, sostienen Coad y Apur, se minimizaría la necesidad de paros recurrentes; sin embargo, los plazos y la magnitud del ajuste dependen de la voluntad política y de la disponibilidad presupuestaria nacional. En ese sentido, la pelea es también por previsibilidad y por políticas públicas que no conviertan a las universidades en variables de ajuste.
¿Qué respuesta se espera del Estado y qué pasos siguen?
Los gremios anunciaron además un calendario de medidas para el cuatrimestre: una segunda semana de paro nacional del 30 de marzo al 4 de abril y una tercera del 27 de abril al 4 de mayo, además de paros de 24 horas del personal no docente el 31 de marzo, 8 de abril, y los días 17 y 23 de abril, según el cronograma oficial de Apur. La expectativa es forzar una mesa de negociación con el Ministerio y obtener una propuesta que contenga actualizaciones salariales y compromisos sobre funcionamiento. Desde nuestra perspectiva, exigimos planificación, transparencia y presencia estatal: las universidades no pueden quedar a la deriva mientras el salario docente sufre una caída real y la infraestructura se deteriora. La discusión pública debería mover el eje desde la emergencia hacia soluciones de mediano plazo que garanticen educación pública de calidad.
