Se reanuda en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan y, esta semana, el debate pondrá el foco en cómo salió la nave tras su reparación de media vida. El hundimiento ocurrió en noviembre de 2017 y dejó 44 tripulantes fallecidos, según el expediente y la cobertura judicial (LA NACION). La causa busca precisar si las tareas de mantenimiento ejecutadas en 2015 y el posterior estado técnico de la unidad permitieron zarpar el 25 de octubre de 2017 en condiciones operativas.

¿Qué se discutirá esta semana en la sala?

Los jueces esperan la declaración de por lo menos una veintena de testigos, entre técnicos y peritos, para reconstruir el proceso de media vida que la Armada realizó en 2015 y las comprobaciones llevadas a cabo antes del último patrullaje (LA NACION). Los peritos del Ministerio Público Fiscal sostienen que la unidad excedió en 26 meses el intervalo reglamentario para mantenimiento en dique seco, un dato técnico que, según la acusación, aumentó el riesgo operacional y contribuyó al ingreso de agua al sistema de baterías y a la implosión posterior.

En la práctica, las audiencias técnicas buscarán precisar qué trabajos se hicieron, qué pruebas de mar faltaron y si los fallos detectados tras la reparación persistieron hasta la última patrulla. Ese detalle es central porque de él depende la vinculación causal entre decisiones administrativas y el resultado trágico.

¿Qué responsabilidad institucional está en juego?

Están imputados cuatro exoficiales superiores: Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, por incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes (LA NACION). La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene además que la unidad participó en operaciones pese a conocer limitaciones técnicas y la falta de pruebas de mar fundamentales.

A la par del debate material hay una controversia procesal: el tribunal limitó la participación a dos fiscales de los cuatro originalmente designados por el MPF, una decisión que el Ministerio Público impugnó ante la Cámara Federal de Casación Penal y calificó como una afectación a su autonomía funcional (MPF, recurso). El conflicto pone en tensión el principio de igualdad de las partes y la distribución de facultades entre tribunal y fiscalía.

¿Qué impacto tiene esto para las familias y la confianza pública?

Las familias de las 44 víctimas llevan años reclamando claridad y responsabilidad; el juicio funciona también como un espacio de memoria y de búsqueda de respuestas formales. Han pasado más de 8 años desde noviembre de 2017 hasta marzo de 2026, lo que alimenta la sensación de lentitud en el esclarecimiento judicial (LA NACION). En audiencias previas, López Mazzeo dijo haber vivido “la decisión más difícil de mi vida” al ordenar el cese de la búsqueda, y otros imputados se declararon inocentes ante el tribunal.

El proceso importa no solo para sancionar eventualmente conductas personales sino para evaluar protocolos, calendarios de mantenimiento y la transparencia institucional. Si la sociedad percibe que faltan respuestas técnicas claras, la desconfianza hacia la gestión de la seguridad naval y la rendición de cuentas se profundiza.

Qué resultado podría esperarse y por qué importa para la Armada y el Estado

Un veredicto condenatorio o absolutorio tendrá efectos diferentes: más allá de las sanciones penales, el juicio puede impulsar cambios administrativos en mantenimiento, control de obras y supervisión técnica. El expediente ya registra fechas y decisiones puntuales: la reparación de media vida en 2015, la partida el 25 de octubre de 2017 y la acusación por exceder 26 meses el plazo reglamentario (requiere elevación a juicio). Esos datos servirán para ajustar responsabilidades y diseñar medidas que eviten recurrencias.

Además, la pelea procesal por la participación de fiscales (2 autorizados vs 4 designados) obliga a discutir garantía procesal y autonomía del Ministerio Público Fiscal; en otras palabras, el juicio no solo juzga hechos técnicos, sino también la manera en que el sistema judicial y administrativo se controlan entre sí. Para nosotros, la transparencia, la protección de las víctimas y la claridad técnica son prioridades: el Estado debe responder con información y medidas que privilegien la prevención.