La fiscalía y la querella solicitaron nueve años de prisión contra Fiorella Damiani, la consejera escolar de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, por el delito de falso testimonio tras denunciar una violación que la Justicia consideró inexistente, lo que provocó la detención de dos hombres. Según El Ciudadano, en los alegatos finales el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado Juan Vitalini pidieron la pena de 9 años. El tribunal informó que el veredicto se conocerá el 4 de marzo de 2026. Esta síntesis permite leer de un vistazo lo central del proceso y su calendario, y es suficiente para entender por qué la causa cruza la política, la escuela y la justicia local.
El caso y sus fechas clave
El hecho central ocurrió en 2017, año en que Damiani denunció a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra por un supuesto abuso sexual, según reconstruyó la causa (2017, según el expediente). Ambos estuvieron detenidos hasta que la aparición de videos mostró que se trató de un encuentro consentido, lo que permitió su liberación posterior, informa La Nueva. Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 tras avanzar la investigación (10/4/2025, según fuentes judiciales locales) y enfrenta el pedido de 9 años por parte de la fiscalía y la querella (El Ciudadano). El tribunal comunicó que el veredicto se dará a conocer el 4 de marzo de 2026, lo que marca un lapso de casi 11 meses entre la detención y la sentencia anunciada. Estos plazos son relevantes para evaluar tiempos de investigación y garantías procesales.
¿Qué implica esto para la escuela y la comunidad?
Una consejera escolar es, por definición, una figura vinculada a la comunidad educativa; su accionar tiene impacto sobre la confianza en el sistema. Desde nuestra perspectiva defendemos una educación pública con presencia estatal y gestión local fortalecida, y por eso este caso obliga a separar dos cosas: la necesidad de proteger a víctimas reales y la necesidad de no convertir a las escuelas en escenarios de denuncias instrumentales. Dos hombres fueron inicialmente acusados y detenidos por una denuncia que la Justicia terminó calificando como falsa — datos que constan en el expediente y fueron difundidos por medios locales. La comunidad de Bahía Blanca reclama certezas: transparencia en los procedimientos, acompañamiento a quienes declaran en causas sensibles y controles claros sobre el uso institucional de las denuncias. Sin políticas públicas claras, la escuela puede sufrir pérdida de confianza, que termina afectando a los pibes y las pibas.
¿Qué falta por aclarar y qué debe exigir la sociedad?
Quedan preguntas abiertas sobre motivaciones, responsabilidades civiles y penales — además del alcance institucional de la figura de consejero escolar. La defensa, a cargo de Sebastián Martínez, pidió la absolución o la aplicación del mínimo de la pena, según La Nueva; la fiscalía y la querella solicitaron nueve años (El Ciudadano). Además del veredicto del 4 de marzo de 2026, la causa tiene derivaciones en el fuero civil y penal por las demandas iniciadas por las dos personas absueltas. Es clave que la Justicia haga pública, en la medida que el proceso lo permita, la base probatoria que sustenta cada decisión y que las escuelas reciban protocolos claros sobre cómo derivar denuncias y cómo proteger testigos y supuestas víctimas. Nosotros vemos imprescindible que la protección de derechos no se convierta en un instrumento de desprotección para terceros, y que el Estado acompañe con políticas para prevenir daños institucionales en el ámbito educativo.
