La pericia del Cuerpo Médico Forense y los peritos de la defensa y la querella concluyeron que “las lesiones sufridas por Pablo Grillo pusieron en peligro su vida”, según el informe incorporado a la causa por la represión del 12 de marzo de 2025 (Fuente: Tiempo Argentino). El documento agrega que Grillo “podría quedar con secuelas neurológicas permanentes” y que aún no es posible establecer el grado de dependencia funcional porque continúa en recuperación (Fuente: El Ciudadano, 25/4/2026).
¿Qué dice la pericia y quién la firmó?
La evaluación que ahora forma parte del expediente fue elaborada por el Cuerpo Médico Forense y fue cotejada con pericias presentadas por la defensa y la querella; en total participaron los equipos periciales que actúan en la causa (Fuente: El Ciudadano). El informe rescata dos conclusiones centrales: que las lesiones pusieron en riesgo la vida del reportero gráfico y que existen indicios de secuelas neurológicas aún por cuantificar, dato que limita un alta definitiva (Fuente: Tiempo Argentino, 25/4/2026). En la causa figura como imputado el gendarme Héctor Jesús Guerrero, procesado por “lesiones gravísimas agravadas” (Fuente: El Ciudadano), y la familia fue aceptada como querellante con representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) (Fuente: Tiempo Argentino).
¿Por qué importa esto para la justicia?
Observamos que el informe técnico modifica el cuadro probatorio y fortalece el pedido de la familia para que la jueza María Servini avance con la elevación a juicio del agente imputado; la presentación formal de la pericia coincide con demandas públicas de acelerar la investigación (Fuente: Tiempo Argentino). A 13 meses del operativo del 12/3/2025 frente al informe del 25/4/2026, la causa continúa sin abrir etapa de juicio oral, un dato que la querella utiliza para reclamar celeridad procesal (Fuentes: Tiempo Argentino, El Ciudadano). Además, la familia solicita que se investigue la responsabilidad penal de la entonces ministra de Seguridad y otros funcionarios involucrados en el operativo, lo que podría ampliar el número de imputados y la complejidad judicial del expediente (Fuente: Tiempo Argentino).
Contexto social: los barrios, la prensa y la demanda de presencia estatal
Este episodio no es aislado: observamos que la voz de la familia y del propio trabajador de prensa —que pidió que “los jueces pongan primera en su laburo”— reclama respuestas que exceden lo individual y señalan un problema institucional más amplio (Fuente: Tiempo). Los fotoperiodistas trabajan en primera línea en protestas y operativos; cuando un profesional queda con riesgo vital, la discusión pasa por protocolos, reglas de uso de fuerza y control sobre las fuerzas de seguridad. La demanda pública incluye no sólo el castigo al autor material sino el esclarecimiento del diseño del operativo, porque la responsabilidad puede ser individual y jerárquica a la vez (Fuente: Tiempo Argentino, El Ciudadano). Vemos aquí la necesidad de políticas que protejan a trabajadores de prensa y de procedimientos judiciales transparentes.
¿Qué debería pasar ahora y qué reclamamos?
Exigimos que la Fiscalía y la querella utilicen la pericia incorporada para solicitar a la jueza la elevación a juicio del gendarme Héctor Guerrero y avanzar con la investigación de eventuales responsabilidades de mando (Fuente: Tiempo Argentino). Pedimos asimismo transparencia procesal: plazos claros, acceso a las pruebas por las partes y medidas de reparación para la víctima mientras continúa la recuperación; la familia cuenta con representación de dos organizaciones de derechos humanos (CELS y LADH) que ya solicitaron esas medidas (Fuente: Tiempo Argentino). Desde nuestra perspectiva periodística observamos que la verdad judicial necesita combinar peritajes técnicos con testigos, registros audiovisuales y contrastes institucionales; sin ese cruce, la sociedad no tendrá respuestas ni garantías de no repetición.
