Más de 20.000 mujeres y disidencias marcharon en Rosario el 9 de marzo contra la reforma laboral y el “ajuste” del gobierno nacional, según estimaciones de las propias organizadoras citadas por El Ciudadano. La concentración arrancó desde las cinco de la tarde en Plaza San Martín y, a lo largo del recorrido hacia el Parque de la Bandera, se mezclaron tambores, cantos y carteles que pedían justicia y rechazo a las políticas económicas que achican derechos. Esta nota recupera la escena de la plaza, las razones políticas que convocaron y la lectura desde los barrios.

La foto de la plaza

La imagen fue masiva y plural: pañuelos verdes y violetas, glitter en la cara y filas de mujeres y disidencias que ocuparon las veredas y avenidas junto al río. Según la convocatoria, más de 20.000 personas participaron de la marcha, un dato que las organizadoras difundieron durante el acto y que replicaron medios locales. La protesta comenzó a las 17:00 “según la convocatoria” y, como dijo una de las presentes, “siguen bajando, no se quedó nadie en la casa”, frase que se repitió entre los tambores.

Vemos en la plaza una combinación de conmemoración y reclamo: celebración por la memoria histórica del 8M y enojo por medidas recientes del Ejecutivo. El número declarado por organizadoras permite dimensionar la capacidad de movilización de los movimientos feministas en Rosario en este 9 de marzo y da auge a reclamos que no son solo simbólicos sino anclados en decisiones concretas de política pública.

¿Por qué marcharon?

La consigna central fue el rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y a los recortes en políticas de género. De forma puntual, se señaló que “el gobierno nacional recortó el 89% del presupuesto destinado a género desde 2023”, dato atribuido a Feminacida y replicado por quienes hablaron en el escenario. Ese porcentaje funciona aquí como comparación temporal: no es un dato abstracto, es la variación acumulada desde 2023 que las organizaciones usan para explicar el cierre de programas y la reducción de recursos.

A la par del rechazo a cambios laborales, la marcha puso sobre la mesa demandas cotidianas: acceso a salud sexual y reproductiva, refugios para víctimas de violencia y programas de prevención en los barrios. Estas demandas conectan con reclamos similares de docentes y trabajadoras que protagonizaron el 8M, como puede verse en la cobertura local sobre las docentes santafesinas, que combinan reclamos salariales y defensa de la escuela pública (https://diariosantafe.com.ar/politica/docentes-santafesinas-protagonizan-el-8m-entre-reclamos-sala-2026-03-09).

La voz de los barrios y la organización

La Asamblea Lesbotransfeminista decidió trasladar la convocatoria del domingo al lunes por la tarde tras escuchar el pedido de compañeras de los barrios que señalaron dificultades para regresar en horario nocturno. Ese cambio logístico habla de una lectura territorial: en los barrios la nocturnidad implica riesgos y problemas de transporte que limitan la participación. La decisión de mover la fecha fue, según las organizadoras, una prioridad para garantizar inclusión y seguridad.

En la movilización se escucharon consignas concretas: “Fuera Milei”, carteles por “justicia” para víctimas de femicidio y el reclamo repetido de estar “hartas” de la falta de políticas. Es una voz que no surge solo del Centro: la presencia de columnas barriales y de colectivos de la zona sur demuestra que el descontento tiene raíces en territorios que acumulan carencias estructurales.

Qué piden y cuál es el desafío estatal

La demanda de las personas movilizadas no es únicamente simbólica: piden presupuesto, programas y presencia estatal en salud, educación y prevención de la violencia. Partimos de la idea de que la seguridad y la protección social no se resuelven con gestos aislados; requieren políticas sostenidas. El recorte del 89% indicado por Feminacida pone en tensión la capacidad del Estado para responder a esas demandas y obliga a una discusión sobre prioridades presupuestarias.

Observamos que los reclamos confluyen con otras protestas por derechos laborales y sociales. Desde nuestra perspectiva, el 8M debe ser una jornada de lucha que exija no solo relatos, sino asignación real de recursos y medidas integrales: vivienda, trabajo, salud y educación. Sin esa articulación, la protesta —por importante que sea en número y visibilidad— corre el riesgo de quedarse en la calle como llamada de atención sin respuesta estructural.