La Auditoría General de la Nación (AGN) anunció que auditará la gestión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por el caso de ampollas de fentanilo contaminado que, según La Nación, estuvieron vinculadas a más de un centenar de fallecidos a partir de marzo del año pasado. La convocatoria incluye a familiares de víctimas, técnicos y organizaciones civiles para diseñar el alcance de la auditoría.

¿Qué auditará la AGN?

El objetivo formal es revisar “procedimientos y sistemas de alerta, controles preventivos y de seguridad en la producción, fiscalización y distribución de medicamentos” de Anmat entre enero de 2023 y agosto de 2025, según consta en el plan anual publicado por la AGN y reproducido por La Nación. Además se prevé una auditoría informática del sistema de trazabilidad de medicamentos para el período enero-diciembre de 2024.

Es relevante la comparación de plazos: la primera revisión cubre 32 meses (enero 2023–agosto 2025) mientras que la auditoría informática se concentra en 12 meses (2024). Eso indica que la AGN busca tanto entender la gestión operativa como verificar herramientas tecnológicas que, según el juzgado y familiares, no permitieron monitoreo en tiempo real.

Dónde fallaron los controles

Los elementos que ya aparecen como críticos son la falta de trazabilidad, la dependencia del laboratorio para el retiro de productos y la ausencia de información oportuna en manos del regulador. La Sala de la justicia federal y el juez Ernesto Kreplak señalaron ante la comisión legislativa que “no había capacidad de monitoreo en tiempo real” y que Anmat “no sabía dónde estaban las ampollas”, según La Nación.

También hay cifras concretas que muestran la magnitud del flujo: el Hospital Italiano de La Plata compró 10.000 ampollas de un lote que totalizaba 154.530 unidades, y de seis lotes producidos en diciembre de 2024 dos resultaron contaminados, de acuerdo con el reporte. Esa dispersión de lotes y lotes grandes hace indispensable auditar la trazabilidad desde la planta hasta el punto de aplicación.

¿Qué reclaman las familias y qué dice la justicia?

Los familiares, que estarán en el taller de la AGN, plantean que esto no es un hecho aislado sino la manifestación de fallas estructurales en el sistema de regulación sanitaria. Piden que la auditoría identifique debilidades y proponga medidas concretas para fortalecer controles y reparación del daño; además, recuerdan el seguimiento que hicieron de las causas en el Juzgado Federal N°3 de La Plata y en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, según La Nación.

En la calle —con protestas que incluyeron reclamos en Rosario frente al Monumento a la Bandera— las familias reclaman respuestas y acompañamiento institucional. Como señalamos en nuestra cobertura de la movilización en Rosario, las víctimas necesitan no solo informes técnicos sino atención integral y presencia estatal en los territorios afectados (ver crónica previa sobre la marcha en Rosario).

Qué medidas concretas hacen falta para evitar que vuelva a pasar

Vemos tres prioridades operativas: 1) trazabilidad en tiempo real con datos obligatorios y verificables; 2) protocolos claros para el retiro inmediato de lotes contaminados sin depender exclusivamente del laboratorio; 3) auditorías periódicas e independientes sobre Anmat e Iname con participación de la sociedad civil y las familias.

La AGN puede aportar diagnóstico y recomendaciones, pero hace falta que el Congreso y el Poder Ejecutivo actúen sobre ellas. No alcanza con informes: requerimos plazos concretos de implementación y controles de cumplimiento. Además, reclamamos que las jurisdicciones locales, incluida la municipalidad de Rosario, garanticen protocolos de protección y atención para víctimas y animales cuando corresponda, tal como exigimos en posiciones recientes.

La auditoría de la AGN es una oportunidad para que la discusión deje de ser técnica y se convierta en política pública: que la trazabilidad deje de ser una promesa y pase a ser un requisito, que los retiros sean ejecutables en tiempo real y que las recomendaciones deriven en recursos y responsabilidades claras. Si eso no ocurre, volveremos a ver a las familias reclamando en la calle y a los hospitales lidiando con consecuencias evitables.