Diez personas quedaron imputadas en una audiencia realizada ante la jueza Luciana Vallarella por integrar una organización dedicada a la venta de drogas en barrio Plata, zona sudoeste de Rosario, según la fiscal Alejandra Raigal. Entre los acusados figura Silvina Dantur, señalada como una de las cabecillas y ex pareja del jefe de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero. La fiscalía atribuye la comercialización organizada de cocaína y marihuana desde comienzos de 2025, con procedimientos que terminaron el 5 de marzo pasado, cuando se hicieron allanamientos. Este primer párrafo resume el hecho central y los datos esenciales: 10 imputados, operación con inicio estimado en 2025 y allanamientos el 5 de marzo, según la audiencia.
¿Qué se les imputa y qué se probó en la audiencia?
La fiscalía imputó a los diez como coautores o partícipes del delito de comercio organizado de estupefacientes, y detalló roles diferenciados en la cadena: adquisición, fraccionamiento, distribución y venta, según el expediente. De acuerdo con la acusación, Dantur coordinaba y fijaba precios y cánones; Rosa N. habría vendido y liquidado recaudaciones; y Joel Núñez y Tamara Acuña serían quienes consiguieron y fraccionaron la droga. Nueve de los acusados fueron detenidos hace una semana por la Policía Federal, mientras que el décimo ya estaba preso, según lo informado en la audiencia. En los allanamientos se secuestraron casi 2 millones de pesos en efectivo, 26 teléfonos celulares y elementos para fraccionar drogas, según la fiscalía. Tras la imputación la jueza dictó prisión preventiva: 90 días para Dantur con posibilidad de domiciliaria y un año para varios imputados, según la resolución.
¿Cómo funciona la estructura territorial en barrio Plata?
Según la investigación, la estructura opera por control territorial: decidir quién vende, cobrar un canon y usar viviendas usurpadas como búnkeres. La fiscalía describió varios puntos de venta dentro del barrio y una división de tareas entre quienes traían la droga, quienes la fraccionaban y quienes la vendían al menudeo. Ese esquema reforzó la hipótesis de comercio organizado, distinta del hecho aislado. Nueve detenciones en simultáneo son, para la investigación, la prueba de una operativa coordinada, y la acusación sostiene actividad continua desde comienzos de 2025 hasta los allanamientos del 5 de marzo de 2026. La recurrencia de recursos territoriales usurpados y la existencia de cánones para vender expone la relación entre mercado ilegal y ausencia de regulación urbana, según los vecinos consultados en la causa.
¿Qué rol tuvo la cárcel y qué dicen las pruebas sobre el nexo?
La fiscalía atribuye a Miguel Ángel Núñez, detenido y cumpliendo cadena perpetua por un homicidio en la cárcel de Piñero, el papel de nexo para la obtención de droga y la impartición de instrucciones desde prisión. Según la acusación, desde la cárcel habría ordenado fraccionamientos, pedido recaudaciones y dispuesto sanciones. Esa articulación entre prisión y territorio hace visible un problema mayor: las comunicaciones carcelarias que permiten coordinar delitos afuera. En la audiencia se detalló además que parte del material era resguardado en domicilios de terceros y que la venta final corría por cuenta de pibes que alternaban turnos y cobraban según ventas. Este vínculo interno-external muestra que la respuesta judicial necesita medidas sobre comunicaciones en cárceles y controles de pisos territoriales.
Qué falta del Estado y qué reclaman los vecinos
Los hechos en barrio Plata confirman algo que los vecinos repiten: la ausencia de una presencia estatal multifacética. No alcanza con despejar puntos de venta; hace falta trabajo social, regularización de vivienda y políticas de empleo para reducir la oferta de mano de obra en el narcomenudeo. La detención de nueve acusados y el secuestro de casi 2 millones de pesos muestran el peso económico de la operativa, pero no resuelven el control territorial. Pedimos, como posición editorial, presencia estatal integral: más prevención social, abordaje de usurpaciones y controles de comunicaciones carcelarias, sin minimizar la tarea judicial. Este reclamo de Estado recuerda otros conflictos de falta de respuestas estatales en servicios, como el paro de transportistas y prestadores de discapacidad por deudas y aranceles atrasados, que evidencian déficits de gestión y financiamiento en la provincia (ver nota previa sobre el paro).
Cierre y pasos siguientes
La causa seguirá su curso en la Justicia penal y deberá probarse la responsabilidad individual de cada imputado. Mientras tanto, el Estado tiene que actuar sobre dos frentes: garantizar la investigación penal con transparencia y medidas de control penitenciario y desplegar políticas territoriales sostenibles en barrio Plata. Los vecinos necesitan respuestas concretas en vivienda, trabajo y servicios, no solo operativos policiales. Exigir ambos frentes es coherente con la necesidad de combinar justicia efectiva y políticas sociales para que estos escenarios no se reproduzcan.
