El Hogarcito San Roque, en Capitán Bermúdez, atraviesa una crisis financiera que afecta directamente la atención de las personas alojadas y al personal: según los trabajadores, unos 50 empleados no cobraron salarios correspondientes a diciembre, enero y febrero. La institución además arrastra una deuda con una farmacia de la zona que, de acuerdo con los referentes del hogar, se redujo de 25 millones a 14 millones de pesos tras una colecta y pagos parciales.

¿Qué está pasando en el Hogarcito y por qué importa?

Vemos un nudo administrativo que se traduce en efectos concretos para la vida cotidiana del hogar. Según el abogado Diego Marcón, entrevistado en el programa De 12 a 14 (El Tres), los pagos de las prestaciones que financia el Ministerio de Salud de la Nación están retrasados desde diciembre, lo que dejó a la institución con tres meses sin poder abonar salarios. Ese retraso obliga al hogar a depender de la farmacia de Maciel, que había acumulado una deuda de 25 millones de pesos y hoy reclama 14 millones —datos aportados por la comunidad del San Roque.

La situación importa porque no se trata solo de números: la continuidad de tratamientos neurológicos y psiquiátricos depende de esos insumos. Gladys, trabajadora histórica, contó que muchas veces “saca fiado” para garantizar medicación. Esa red afectiva —más de 50 años de convivencia, según relatos locales— hace inviable un paro total del servicio, pero no resuelve la carga económica ni la inseguridad laboral para el personal.

¿Cómo impacta esto en las personas alojadas y en el barrio?

La tensión financiera se traduce en mayor vulnerabilidad para las personas con discapacidad que asisten al Hogarcito. Cuando faltan sueldos y medicación, disminuye la calidad de los cuidados: turnos, terapias y seguimiento farmacológico quedan en riesgo. Rosita, una de las residentes, explicó que los fondos recaudados por una aparición televisiva sirvieron para cancelar parte del pasivo, pero el alivio fue temporal. La deuda con la farmacia, que pasó de 25 a 14 millones según la comunidad, ilustra esa dinámica de emergencia continua.

En lo territorial, el hogar volvió a apoyarse en la comunidad de Capitán Bermúdez y en la provincia de Santa Fe. La propia institución valoró la respuesta provincial: “nos responden siempre y tratan de solucionar los problemas”, dijeron vecinos. Esa diferenciación entre una gestión provincial activa y una respuesta nacional percibida como distante pone en evidencia la fragilidad de la red de protección cuando la financiación es interjurisdiccional.

¿Quién tiene la responsabilidad y qué soluciones son plausibles?

La responsabilidad institucional es compartida: el Hogarcito presta servicios cuyo financiamiento depende de partidas nacionales por prestaciones, pero su funcionamiento cotidiano recae en personal local y en apoyo provincial. Según Marcón (De 12 a 14, El Tres), el retraso en las partidas del Ministerio de Salud de la Nación es la causa directa del atraso de tres meses en los sueldos de unos 50 empleados. Esa atribución señala la necesidad de mecanismos de pago más previsibles y de canales de comunicación eficientes entre Nación y las instituciones terciarias.

A corto plazo, la comunidad organizó una actividad benéfica para recaudar fondos y achicar la deuda con la farmacia de Maciel; a mediano y largo plazo, hacen falta dos cambios: protocolos claros para el pago de prestaciones y subsidios puente que eviten la interrupción de tratamientos esenciales. Además, es urgente definir líneas de apoyo para cubrir sueldos cuando hay desfasajes en las partidas, porque la atención de personas con discapacidad no puede quedar a merced de colectas y gestiones informales.

En conclusión, la crisis del Hogarcito San Roque muestra cómo la ausencia de pagos regulares desde la Nación puede trasladar la carga al personal y a la comunidad local. Vemos que la provincia actúa para mitigar el impacto, pero esa respuesta puntual no reemplaza la necesidad de una política pública sostenida. Exigimos presencia estatal sostenida y financiamiento regular para las instituciones de discapacidad, acompañamiento a las familias afectadas y protocolos que protejan tanto a trabajadores como a residentes.