Las docentes santafesinas encabezan el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras con una marea de autoconvocatorias que busca transformar el 8M en una jornada de calle y de reclamo laboral concreto. Según un relevamiento del Observatorio Argentinos por la Educación, el 94,6% de las y los docentes de nivel primario son mujeres; esa “feminización extrema” tiene consecuencias prácticas: doble turno, salarios que no alcanzan y cargas de cuidado que recaen sobre ellas, en un contexto donde la nota original que difundimos apunta a una canasta familiar que ronda los $2.600.000 y un salario docente que araña los $900.000 (El Ciudadano). Vemos en estas cifras un punto de partida para entender por qué las docentes salen a la calle: no se movilizan por gesto sino por necesidad material y por la defensa de la escuela pública.
¿Qué reclaman las docentes santafesinas?
Las demandas combinan lo inmediato y lo estructural: reparto de horas y cargos, que las licencias por enfermedad o cuidado no sufran descuentos, mayor inversión en infraestructura y una paritaria que recupere poder adquisitivo. La nota de El Ciudadano sostiene que la provincia impuso una quinta hora en primaria como respuesta parcial al salario, y denuncia que muchas docentes trabajan en más de una escuela y que algunas llegan a tener hasta 3 cargos; esas condiciones explican la sobrecarga laboral y la precariedad. También se alzan contra el programa ‘Asistencia Perfecta’ y los descuentos por faltas que, según las docentes, agravan una desigualdad de género que ya pesa en el hogar y en el trabajo. En términos temporales, la misma crónica habla de una caída salarial del orden del 30% en tres años, un dato que interviene directamente en la capacidad de las familias para sostener la escolaridad.
¿Cómo afecta esto a las aulas y a las familias?
Las consecuencias son concretas: vaciamiento de cargos y grados, menos oferta técnica, partidas insuficientes para comedores y becas, y problemas de infraestructura como la falta de baños o agua corriente en algunas escuelas, según el reclamo docente. Esa combinación golpea al estudiantado más vulnerable y obliga a que las escuelas asuman funciones de contención que el Estado debería garantizar; cuando la escuela pública se achica, crece la posibilidad de que las familias busquen alternativas privadas o confesionales, algo que la columna vincula con proyectos de ‘libertad educativa’ que podrían favorecer la privatización. El reclamo docente no es solo salarial: es por mejores condiciones para educar. En localidades pequeñas, las autoconvocatorias muestran que el descontento no es urbanocentrico, sino que atraviesa todo el mapa provincial.
¿Qué debería hacer el Estado ahora?
Desde nuestro lente territorial y social, la respuesta estatal tiene que ser integral: recomponer salarios en términos reales para acercarlos a la canasta familiar mencionada, suspender los descuentos por licencias de cuidado y salud que repercuten con más fuerza en mujeres trabajadoras, e invertir en infraestructura y en la educación técnica pública. Además, es clave que las conducciones gremiales recuperen coordinación con el movimiento docente para traducir la bronca en medidas sostenibles —hoy AMSAFE anunció distancia respecto del paro nacional de CTERA, una decisión que las autoconvocatorias interpretan como abandono—. El gobierno provincial y la Nación deben transparentar las cifras de la paritaria y los ítems en negro que, según la nota, afectan al cálculo jubilatorio. Por último, defender la escuela pública exige frenar cualquier intento de desfinanciarla y una discusión pública clara sobre la libertad educativa, sus efectos y sus responsables, incluido el vínculo entre decisiones de gestión y el debilitamiento de la docencia.
Cerramos sosteniendo que el 8M es una jornada de lucha y no una felicitación: las docentes que hoy marchan lo hacen por salarios, por condiciones de trabajo y por una escuela pública que garantice derechos. Escuchar a las mujeres que enseñan es, también, escuchar a la comunidad educativa entera.
