Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, cruzó en redes a Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, y puso en foco la necesidad de reglas claras para el sector agropecuario. Pereda acusó que la reaplicación de las alícuotas plenas y la suspensión temporal de retenciones generaron incertidumbre y transferencias de renta hacia las cerealeras. Los datos que él cita aparecen en la cobertura del episodio: la suspensión estuvo vigente 72 horas y permitió operaciones por más de 7.000 millones de dólares, según La Nación (fuente: La Nación).
Choque público y repercusiones
El cruce empezó en redes y se trasladó a un programa de streaming. Núñez publicó en X: ‘mamadera lo de este tipo’, en respuesta a declaraciones de Pereda, y el dirigente replicó ‘Hola, “este tipo” soy yo’, para dejar claro que hablaba en nombre de los productores (fuente: La Nación). La tensión expone dos cosas: primero, que la relación entre el Gobierno y sectores clave del agro es sensible; segundo, que los mensajes circulan y se politizan con mucha velocidad.
Pereda puntualizó que la suspensión temporal de retenciones —vigente 72 horas— permitió a las cerealeras negociar ventas por más de 7.000 millones de dólares y obtener márgenes extraordinarios en operaciones de corto plazo (fuente: La Nación). También sostuvo que las cerealeras suelen ganar entre 2 y 3 dólares por tonelada en condiciones normales, pero que la operatoria excepcional les dejó márgenes mucho mayores en esa ventana (fuente: La Nación). Estos números alimentan reclamos legítimos sobre quién absorbe los costos y quién captura las ganancias.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
Vemos dos efectos concretos sobre la cadena: incertidumbre en la inversión y distorsiones de precios. Pereda señaló que la venta de maquinaria agrícola se frenó en el segundo semestre tras la falta de previsibilidad, y que la medida afectó la planificación de los productores (fuente: La Nación). Esa parálisis productiva no es un dato menor: la maquinaria demora ciclos de compra y financiamiento que se proyectan en meses y años.
Además, la discusión obliga a mirar plazos y comparaciones. En el primer semestre de 2025 hubo una rebaja temporal de alícuotas; en julio de ese año se restablecieron las alícuotas plenas, y en septiembre una suspensión breve generó la operatoria de 72 horas citada (fuente: La Nación). Esa volatilidad de reglas altera márgenes, flujo de caja y decisiones comerciales. Cuando operadores con acceso a mercados internacionales pueden cerrar posiciones rápidas, el productor local enfrenta un riesgo mayor y una menor capacidad de previsión.
Qué pide el agro y qué debería hacer el Gobierno
El mensaje de Pereda es simple y coincide con reclamos que venimos sosteniendo: planificación y transparencia. Reclamamos reglas estables, calendarios predecibles y comunicación institucional clara para que las decisiones no se tomen ‘en tres días’ y generen efectos redistributivos inesperados. La SRA también exige autonomía institucional y que el Gobierno evite injerencias en la vida interna de la entidad frente a una elección que se define en septiembre (fuente: La Nación).
Desde la mesa de políticas públicas es imprescindible traducir esa demanda en medidas concretas: anuncios con cronogramas, impacto fiscal estimado y ventanas de transición para los actores de la cadena. La transparencia exige que cuando se dispongan cambios de aranceles o derechos, el Gobierno publique el cálculo de lo que se espera recaudar y a quiénes afectará, y que acompañe con mecanismos de crédito o compensación para los productores más vulnerables al cambio. Reclamamos planificación y transparencia en estas decisiones, coherente con nuestra postura previa en materia de gestión pública y deportiva: cuando hay impacto colectivo, la planificación protege a los más expuestos.
Los cruces públicos —entre dirigentes y funcionarios— muestran que el tema no es solo técnico. Es político y territorial. El interior, desde los grandes puertos hasta la chacra más pequeña, siente las consecuencias. Si la discusión se reduce a frases en X, perdemos la oportunidad de construir reglas que permitan invertir, producir y proyectar empleo en pueblos y ciudades del interior. Por eso pedimos diálogo institucional, datos abiertos sobre el impacto de medidas y plazos claros antes de cambiar reglas de juego (fuente: La Nación).
