Comenzó en Rosario el juicio contra Francisco “Fran” Riquelme y 14 acusados por una asociación ilícita que, según la Fiscalía, intervino en 38 sucesos entre 2021 y 2023, incluidos 16 homicidios; el debate busca aclarar 11 hechos puntuales que combinan asesinatos, balaceras y extorsiones (El Ciudadano, 17/3/2026).
¿De qué se acusa exactamente a Riquelme y su banda?
La acusación sostiene que la organización operó en Empalme Graneros, Ludueña e Industrial y cometió un abanico de delitos: homicidios, emboscadas, balaceras contra una cancha de fútbol 5 en José Ingenieros al 6400, disparos a viviendas, ataques a escuelas y comisarías y extorsiones con disparos como método de intimidación. La Fiscalía afirmó que en el expediente se analizarán 11 hechos puntuales aunque, para contextualizar el funcionamiento de la banda, expondrán un total de 38 sucesos, entre los que figuran 16 homicidios (El Ciudadano, 17/3/2026). Además, la acusación dibuja una estructura que habría llegado a contar con 26 miembros adultos y 3 menores, según lo informado por la Fiscalía y reproducido por el diario (El Ciudadano, 17/3/2026). Este es, en palabras de la procuración, un juicio sobre el control territorial y la disputa con la banda de Mauro Gerez.
¿Qué pruebas presentó la Fiscalía y qué dice la defensa?
Los fiscales plantearon apertura amplia: pedir prisión perpetua para 12 imputados y penas de entre 7 y 8 años para otros tres, mientras anunciaron la presentación de testigos y prueba técnica en lo que describieron como 12 mini juicios simultáneos (El Ciudadano, 17/3/2026). Frente a eso, las defensas marcaron puntales de disputa probatoria. Señalaron la ausencia de pericias que comprometan individualmente a varios imputados, criticaron el uso de testigos de identidad reservada y cuestionaron interpretaciones de escuchas telefónicas que, a su juicio, están fuera de contexto. En el caso de Riquelme se enfatizó que permanece detenido desde abril de 2020, un año antes del inicio de los hechos juzgados en 2021, y que ese confinamiento dificultaría la atribución de una jefatura operativa (El Ciudadano, 17/3/2026). La defensa también puso el foco en la fragilidad de vincular a personas sin huellas científicas ni visuales en escenas concretas.
Impacto territorial: qué significa esto para Empalme Graneros, Ludueña e Industrial
Lo que se discute en la sala no es abstracción judicial; es la seguridad cotidiana de barrios del noroeste rosarino. Las acusaciones incluyen disparos frente a casas, intimidaciones a escuelas y ataques a espacios recreativos, acciones que rompen la convivencia y erosionan la autoridad del Estado en territorios concretos. Cuando la Fiscalía explica la presencia de una estructura con decenas de miembros y menciona enfrentamientos con la banda de Gerez, está describiendo una fragmentación del control territorial que se traduce en miedo y desplazamiento de actividades comunitarias (El Ciudadano, 17/3/2026). La existencia de 14 condenas firmes obtenidas por la Fiscalía vía juicios abreviados, que según la nota están vinculadas a colaboradores y familiares del presunto líder, añade una dimensión: parte de la investigación ya avanzó por vías aceleradas, pero el juicio oral es la instancia donde se deben individualizar responsabilidades y responder las dudas sobre pruebas y autores.
Qué esperar del juicio y por qué importa para la provincia
El debate oral será largo: la etapa probatoria incluirá declaraciones de testigos, pericias y la confrontación de versiones. Para la comunidad es clave que el proceso no se convierta ni en un relato mediático sin pruebas ni en una farsa que deje impunidad. El fallo tendrá efectos prácticos: podrá consolidar condenas ya existentes, ofrecer elementos para desarticular redes o, por el contrario, dejar abiertos interrogantes sobre la individualización de responsabilidades. Reclamamos, en consecuencia, un juicio transparente, con acceso restringido pero informado sobre pruebas técnicas y con garantías reales para víctimas y defendidos. La Justicia provincial y el Ministerio Público de la Acusación tienen la obligación de explicar cómo se llegó a cifrar la estructura en 26 adultos y 3 menores y cómo se conecta eso con los 11 hechos objeto del juicio (El Ciudadano, 17/3/2026). El resultado no solo pesa en Rosario: es una señal para la provincia sobre la capacidad estatal de disputar territorios donde la violencia narco se incrusta.
