El comisario Eduardo Quispe fue detenido el 23 de abril de 2026 acusado de brindar protección y cobrar coimas a una organización de microtráfico tras aparecer su voz en una grabación incautada en junio de 2025, según los Tribunales Provinciales de Villa Constitución. La audiencia imputativa dejó a nueve personas con prisión preventiva por su presunta participación en microtráfico y maniobras de extorsión, de acuerdo con el fiscal Carbone.

Qué prueba lo liga y qué se imputa

La pieza central de la investigación fue un teléfono secuestrado en un operativo de la Brigada de Microtráfico de la PDI en junio de 2025, donde hallaron una grabación del encuentro del 18 de mayo de 2025 a las 3 de la madrugada entre Juan Gabriel “Cráneo” Mazón y el comisario Quispe, según consta en la imputación. En esa charla, el fiscal sostiene que Quispe advierte sobre movimientos policiales y propone la extorsión al presidente comunal Facundo Stizza: “Sacale cinco palos”, plantea la conversación citada por la acusación. El 19 de noviembre de 2025, según Carbone, se registró una transferencia de 100.000 pesos vinculada al grupo; la imputación también menciona exigencias iniciales que rondaban 1.500.000 pesos. Estos elementos fueron usados para formalizar cargos por comercio de cocaína y marihuana bajo la modalidad de microtráfico y por extorsión.

¿Cómo funcionaba la componenda entre policía y dealers?

Según la acusación fiscal, Mazón se desempeñaba como cabecilla operativo y nexo con el comisario: coordinaba logísticas, disponía destinos del dinero y, en parte, delegaba la administración de fondos a su pareja, Celeste T., imputada por manejar transferencias y cuentas. La imputación describe pagos por protección —en la conversación aparece la cifra de 200.000 pesos— y la entrega de información privilegiada desde la seccional 5ª de Empalme Villa Constitución que facilitaba la actividad delictiva. En los allanamientos, Asuntos Internos secuestró droga, plantas de marihuana y una balanza de precisión, según el expediente; además, se incautó un revólver calibre .32 en el domicilio de Quispe, conforme a lo informado por la fiscalía. La investigación apunta a conductas activas y omisivas del policía para garantizar la continuidad del narcomenudeo en la zona.

¿Qué implica esto para Empalme Villa Constitución y la institucionalidad?

La audiencia del 23 de abril de 2026 dejó a la mayoría de los imputados con prisión preventiva efectiva hasta el 31 de julio de 2026, mientras que para Ulises C. la preventiva corre hasta el 19 de mayo, y Celeste T. quedó con prisión domiciliaria hasta el 31 de julio, según el juez Ignacio Vacca. El caso pone en evidencia una falla institucional: un agente con acceso a información y recursos posibilitando prácticas ilícitas. Desde nuestra perspectiva, la respuesta judicial es necesaria pero insuficiente: la comunidad reclama presencia estatal sostenida, no solo sanciones puntuales. Comparando los hechos, la grabación data del 18 de mayo de 2025 y la imputación culminó casi un año después, en abril de 2026, lo que obliga a preguntarse sobre tiempos de investigación y prevención en el territorio.

Qué medidas exigir y por qué importa más que la punición

Observamos la necesidad de medidas simultáneas: investigación judicial transparente y controles internos efectivos en la fuerza; acompañamiento a víctimas y a la comunidad, y políticas públicas enfocadas en prevención del consumo y alternativas laborales. Exigimos, como en posturas previas sobre narcomenudeo, que el Estado implemente políticas sostenidas que combinen investigación penal con refuerzo de la atención primaria y programas de inclusión social en barrios vulnerables. Las cifras del expediente —nueve imputados, transferencias registradas y fechas de prisión preventiva— deben servir para diseñar protocolos de control y mecanismos de transparencia en la policía local. Sin una estrategia integral, la detención de un comisario corre el riesgo de quedar como un hecho aislado en una comunidad que necesita respuesta sostenida.