La marcha del 24 de marzo en Rosario reunió, según los organizadores, a unas 150.000 personas y convirtió en grito la pregunta que desde la terraza del Museo de la Memoria se exhibía como instalación: ‘¿Dónde están?’. Ese dato sitúa la jornada no sólo como conmemoración sino como acto político: 50 años después del golpe, la movilización volvió a medir la fuerza social que demanda verdad y obligaciones concretas del Estado.

¿Por qué sigue vigente la pregunta ‘Dónde están?’ y qué significa hoy?

La interrogante sobre el paradero de los desaparecidos no es simbólica: es una demanda por restos, identidades y responsabilidades. En Rosario, organizaciones recuerdan que fueron 350 detenidos-desaparecidos en la ciudad y que hoy se habla de más de 400, según Familiares y la muestra ‘50 veinticuatros’ del Museo de la Memoria; ese crecimiento en la contabilización refleja búsquedas, testimonios y archivos que se fueron abriendo. La historia de las marchas demuestra la persistencia: en 1985 las crónicas registraron unas 6.000 personas; en 2006 se mencionaron 25.000 y en la década siguiente picos de 90.000 y 100.000, todos números tomados de los archivos exhibidos en la muestra. Comparar 2006 (25.000, según archivos) con la estimación de 150.000 este 24 de marzo (según organizadores) muestra una movilización que vuelve a amplificarse en la plaza pública.

Lente barrial y humano: cómo se vivió la marcha en la ciudad

La movilización en Rosario se movió entre memorabilia y calle: clubes de fútbol, centros de estudiantes, madres en sillas de ruedas y colectivos artísticos. Hubo intervenciones que respiraban barrio: 40 timbres de bicicletas en una fila que rememora la obra de Fernando Traverso, y carteles de desaparecidos que llevan décadas circulando entre manos y paredes. La presencia de hinchas de Newell’s y Central con fotos de víctimas —y el gesto de portar esos carteles por elección ajena a la pertenencia futbolera— marca cómo la memoria atraviesa identidades locales. Olga Barrera de Suárez, una de las últimas Madres presentes, tiene 90 años y marchó como lo han hecho generaciones; su presencia es un dato humano que interpela: la memoria vive en cuerpos que envejecen y en relatos que no deben quedar en el olvido.

Instituciones, Estado y memoria: exigencias concretas

La marcha no es sólo recuerdo: exige políticas. ‘Que digan dónde están’ reclama búsqueda activa, archivos abiertos y procesos judiciales transparentes. En lo procesal, la demanda coincide con otras exigencias que hemos sostenido: transparencia en procesos y en la gestión de archivos públicos, como en el reclamo por la verdad técnica en casos complejos. Aquí hay una responsabilidad estatal clara: museos, organismos de derechos humanos y justicia necesitan recursos para identificar restos, cotejar ADN y acompañar a familias. La marcha duró unas cuatro o cinco horas y la organización calculó extensión de más de 20 cuadras y múltiples columnas; esos datos (duración y extensión, según organizadores) muestran una movilización con logística y alcance que requiere diálogo institucional sostenido.

Qué debería venir después: memoria activa y políticas públicas sostenibles

Vemos la marcha como un termómetro: mide la vitalidad democrática y la insistencia de la sociedad para que el pasado sea esclarecido. No alcanza con consignas ni con monumentos; hacen falta políticas públicas que incluyan presupuesto para identificación genética, programas educativos que enseñen historia crítica en las escuelas y mecanismos de atención a víctimas y militantes de derechos humanos. Exigimos, en coherencia con posiciones previas, transparencia procesal y responsabilidad institucional: la memoria exige verdad técnica y reparación, no gestos aislados. Si la plaza mostró 150.000 almas, el Estado tiene la obligación de transformar ese mandato ciudadano en medidas concretas y sostenibles en el tiempo.