La educación pública en Santa Fe no es solo un conjunto de escuelas y cargos: es el termómetro de cómo la provincia distribuye oportunidades. Vemos escuelas en Rosario con laboratorios y bibliotecas; a pocas decenas de kilómetros, escuelas rurales con problemas de conectividad, edificios en mal estado y regímenes multigrado. Ese mapa cotidiano explica por qué hablar de política educativa sin perspectiva territorial es hablar a medias.

Un punto de partida: datos que importan

Para entender la magnitud del desafío es útil anclarse a tres datos públicos. Según el Censo Nacional 2010 del INDEC, la provincia de Santa Fe tenía 3.200.736 habitantes, una base demográfica que condiciona planificación escolar y oferta docente (INDEC, Censo 2010). A nivel nacional, los datos de la UNESCO muestran que Argentina destinó alrededor del 5,2% del PIB a educación en años recientes, una referencia para comparar niveles de prioridad presupuestaria (UNESCO, datos 2019). Finalmente, la situación socioeconómica de las familias impacta en la escolaridad: según el INDEC, la tasa de pobreza nacional alcanzó 40,9% en la segunda mitad de 2023, con aumento respecto al año anterior, lo que repercute en la retención escolar y en las necesidades de las escuelas como espacios de contención social (INDEC, 2023).

Estos números no agotan la lectura, pero orientan: población, recursos y contexto social son variables que moldean la experiencia educativa.

Territorio y desigualdad: no todas las escuelas son iguales

En Santa Fe conviven realidades muy distintas. En Rosario y Santa Fe ciudad se concentran recursos, oferta de formación docente y programas complementarios. En las cabeceras del norte provincial, hay escuelas con buena matrícula y movilidad estudiantil; en la franja rural y periurbana aparecen dificultades recurrentes: transporte escolar insuficiente, conectividad limitada, escasez de bibliotecas y problemas edilicios.

Esos contrastes se traducen en resultados. Evaluaciones y observatorios provinciales muestran brechas en aprendizajes entre contextos urbanos y rurales, y entre escuelas con más y menos recursos. La explicación no es técnica: tiene raíces sociales. Familias con mayor precariedad alimentaria, trabajo informal o carencia de acceso a servicios enfrentan más obstáculos para sostener la trayectoria educativa de sus hijos.

Infraestructura y conectividad: el basamento que falta

Las imágenes de escuelas con paredes humedecidas, calefacción insuficiente o techos con filtraciones no son anecdóticas en localidades pequeñas. La emergencia edilicia es una demanda recurrente de directivos y familias. A eso se suma la brecha digital: aunque los programas federales impulsaron dispositivos y conectividad durante la pandemia, la calidad y continuidad del acceso en muchos sectores rurales sigue siendo limitada.

La mejora de infraestructura no es solo estética: incide en la salud, la asistencia y la calidad pedagógica. A mediano plazo, invertir en edificios seguros, en acceso confiable a internet y en equipamiento básico multiplica la efectividad de las políticas de enseñanza.

Docentes: formación, condiciones laborales y carrera

La docencia pública provincial necesita una doble intervención: mejorar condiciones laborales y actualizar la formación continua. Santa Fe cuenta con institutos de formación docente y ofertas universitarias, pero la dispersión geográfica y la carga horaria dificultan el acceso a cursos de actualización. Además, la estabilidad y la remuneración influyen en la atracción y retención de maestros, sobre todo en áreas rurales y en escuelas con regímenes especiales.

No desconocemos que la paritaria es una caja de negociación compleja. Sin embargo, más allá del salario inmediato, hay medidas de gestión que mejoran la carrera docente: incentivos por dedicación exclusiva, programas de acompañamiento en los primeros años y cupos formativos orientados a la enseñanza en contextos vulnerables.

Aprendizajes y evaluación: hacia qué efectos apuntamos

Medir para mejorar no es una consigna neutra. Las evaluaciones provinciales y nacionales sirven para identificar trayectorias cortadas, niveles de logro y las asignaturas o ciclos más afectados. En Santa Fe, los informes de seguimiento muestran que las mayores pérdidas de aprendizaje se concentran en primer y segundo ciclo de la escuela primaria y en el tránsito a la secundaria; la recuperación requiere foco en lengua y matemática y programas de apoyo intensivo.

Las escuelas que integran acciones de tutoría, horarios de refuerzo y articulación con clubes y organizaciones sociales obtienen mejores respuestas en retención y motivación estudiantil. No es mágica: es coherencia entre escuela y comunidad.

Financiamiento y gobernanza: más allá del monto, cómo se gasta

El volumen de recursos importa, pero también la distribución y la transparencia en su uso. La provincia de Santa Fe debe garantizar financiamiento estable para salarios, mantenimiento, transporte y programas extraescolares. Al mismo tiempo, es clave fortalecer la gestión local: municipios y comunas que coordinan con las escuelas pueden resolver problemas inmediatos de infraestructura o apoyo alimentario.

Modelos exitosos en otras provincias muestran que la descentralización con rendición de cuentas mejora la eficiencia. Por ejemplo, fondos específicos para mantenimiento escolar, con criterios técnicos y participación de la comunidad educativa, acortan los tiempos de respuesta y reducen la discrecionalidad.

Políticas sociales y vínculo con la escuela

No hay educación pública fuerte sin políticas sociales que la acompañen. Comedores escolares, programas de salud preventiva, transporte gratuito o subsidiado y apoyo a familias en situación de vulnerabilidad son parte de la caja de herramientas para sostener la asistencia y la atención en clases.

La pandemia dejó una lección: la escuela no solo enseña contenido curricular, también es espacio de alimentación, cuidado y detección temprana de problemáticas familiares. Por eso, las estrategias deben ser interministeriales y coordinar salud, desarrollo social y educación.

Experiencias locales y lecciones que funcionan

En distintos distritos de la provincia surgen prácticas que vale la pena valorar y replicar. Algunas escuelas rurales articularon con universidades provinciales para fortalecer la formación docente y ofrecer prácticas supervisadas. En cabeceras, programas municipales de becas y transporte permitieron sostener matrícula secundaria en barrios periféricos. En Rosario, programas de inclusión digital implementaron centros comunitarios con soporte técnico para familias.

Estas experiencias comparten rasgos: liderazgo local, continuidad presupuestaria, participación comunitaria y evaluación periódica. No son soluciones mágicas, pero muestran que la combinación de recursos públicos y gestión local coherente rinde resultados.

¿Qué políticas priorizar para la próxima década?

Proponemos una hoja mínima de ruta que articule tres ejes:

  1. Financiamiento sostenido y focalizado: asegurar partidas que cubran salarios competitivos, mantenimiento escolar y conectividad, con criterios técnicos y monitoreo público.

  2. Fortalecimiento docente: políticas de formación continua obligatoria, acompañamiento en el inicio de carrera, incentivos para trabajar en zonas rurales y reconocimiento de la función comunitaria de los docentes.

  3. Integración social y territorial: sumar acciones de salud y asistencia social vinculadas a la escuela, impulsar redes locales de apoyo y priorizar la mejora de infraestructura en zonas con mayor rezago.

Esos ejes deben combinarse con metas claras y evaluables: reducción de la deserción en la secundaria, mejora en los niveles de lectura y cálculo en primaria y disminución de la brecha entre escuelas urbanas y rurales.

Gobernanza democrática: escuchar a la comunidad

La gestión educativa mejora cuando incorpora voces de las familias, de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. Mesas locales de planificación, órganos de control ciudadano y transparencia en la contratación de obras son formas concretas de fortalecer la confianza pública. La experiencia muestra que cuando las escuelas rinden cuentas ante su comunidad, la inversión y el cuidado se multiplican.

Conclusión: invertir hoy para una sociedad más igualitaria mañana

La educación pública en Santa Fe enfrenta desafíos clásicos: desigualdad territorial, déficit de infraestructura, condiciones docentes y la presión de la pobreza sobre las trayectorias escolares. Pero también hay recursos y saberes locales que pueden ser potenciados con políticas sostenidas. Defendemos una apuesta pública de largo plazo que combine inversión constante, fortalecimiento de la gestión local y políticas sociales integradas. Solo así la escuela podrá cumplir su rol de igualadora social y abrir caminos reales de movilidad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el principal problema que afecta la educación pública en Santa Fe?

La diferencia territorial en recursos y oportunidades es la clave: escuelas urbanas y rurales operan con condiciones muy disímiles, lo que genera brechas en aprendizajes y trayectorias educativas.

¿Qué papel juega la pobreza en el rendimiento escolar?

La pobreza incide en asistencia, alimentación, acceso a materiales y apoyo en el hogar; estos factores reducen la capacidad de los estudiantes para aprender y aumentar la deserción escolar.

¿Cómo se puede mejorar la infraestructura escolar rápidamente?

Intervenciones efectivas combinan fondos específicos para mantenimiento, priorización técnica de obras urgentes y contratos locales con supervisión comunitaria para acelerar reparaciones.

¿Qué medidas inmediatas pueden ayudar a retener a los estudiantes en la secundaria?

Programas de tutorías focalizadas, transporte garantizado, apoyo alimentario y articulación con formación técnica y empleabilidad ayudan a mantener la matrícula y mejorar la vinculación con la escuela.