Roxana, de 36 años, perdió la pierna derecha tras ser embestida por un camión hormigonero el 19 de marzo en la intersección de Ovidio Lagos y Uriburu y hoy la familia pide ayuda económica para la rehabilitación y la vida que viene.
¿Qué pasó en Ovidio Lagos y Uriburu?
Según el relato de testigos y la cobertura periodística local, el accidente ocurrió el 19 de marzo cuando un camión dobló hacia el oeste con semáforo de giro habilitado y embistió a la ciclista. La víctima fue arrastrada varios metros; llegó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) escoltada por ambulancias y patrulleros, y quedó internada en la Unidad de Quemados. La nota original consignó que Roxana estuvo 15 días en coma y un mes en terapia intensiva (según El Tres). Hoy, a dos meses del siniestro, los profesionales planifican una nueva cirugía para retirar la traqueotomía y estiman una posible alta en tres semanas si la evolución continúa favorable (parte médico, citado por El Tres). Estas fechas y tiempos provienen del parte médico y del testimonio familiar publicados por el medio local.
Impacto humano y la cuenta que queda por pagar
La secuela física es apenas la punta del problema: la pareja enfrenta una emergencia económica. Jonatan, su pareja, contó que pidió días en su trabajo y que su puesto ya fue cubierto; hoy están sin ingresos regulares y dependen de la solidaridad para cubrir insumos y cuidados domiciliarios. La familia difundió números de contacto para colaborar: 341-263-7129 y 341-261-6227 (según El Tres). La reconstrucción funcional después de una amputación demanda prótesis, sesiones de kinesiología y adaptaciones en la vivienda; esos gastos suelen extenderse meses o años. A modo de contexto global, la Organización Mundial de la Salud estima alrededor de 1,35 millones de muertes al año por siniestros viales en el mundo (OMS, Global status report), lo que pone en perspectiva que detrás de cada cifra hay una familia que queda con obligaciones económicas y cuidados prolongados.
¿Quién responde por lo ocurrido y cómo avanzar con celeridad?
Según la familia, los trámites ante el seguro del camión todavía no se han cerrado; eso complica el acceso a indemnizaciones y prestaciones. Frente a eso, reclamamos transparencia institucional y celeridad investigativa: la pesquisa debe priorizar la voz de la familia y garantizar presencia estatal territorial en cada etapa, desde el esclarecimiento del hecho hasta la asistencia social. No hablamos solo de sanción: hablamos de medidas concretas para que la persona lesionada y su núcleo familiar accedan a atención, rehabilitación y sostén económico inmediato. En la práctica, eso implica plazos concretos en las respuestas administrativas y comunicación clara sobre el estado de la causa y del reclamo de seguro.
Qué observamos desde la calle y qué pedimos como sociedad
Vemos un patrón que se repite: siniestros viales con consecuencias devastadoras y largas peleas administrativas para lograr reparaciones. A dos meses del golpe que transformó la vida de Roxana, su caso exige una respuesta rápida y coordinada del Estado local y de las aseguradoras. Exigimos transparencia municipal e institucional, prioridad a la voz de la familia y medidas territoriales que sostengan la rehabilitación. También pedimos que los dispositivos de control y prevención vial sean evaluados en la zona sudoeste: una esquina no puede seguir siendo un frente de riesgo sin seguimiento. Mientras tanto, la comunidad puede colaborar contactando los números difundidos por la familia (según El Tres). Como medio, damos la voz a quienes sufren y reclamamos que la reparación sea efectiva y urgente.