La actualización de la Unidad Fija (UF) dejó una realidad concreta: en la provincia de Buenos Aires una infracción grave puede costar más de $2.000.000 y la UF quedó en $2215, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la UF vale $949,99. Según La Nación, fue el tercer incremento del año en la Provincia y regirá hasta el 30 de junio. Esa cifra no es abstracta: impacta en trámites cotidianos como vender un auto libre de deuda o renovar una licencia.

¿Cómo se calcula la multa y por qué sube?

La UF es la unidad que define el monto de las infracciones y se actualiza con distinta frecuencia según la jurisdicción: en la provincia de Buenos Aires cada dos meses y en la Ciudad cada seis, tomando como referencia el precio del litro de nafta de mayor octanaje, según La Nación. En la Provincia la UF actual quedó en $2215; en la Ciudad, $949,99. Este año la Provincia ya aplicó tres ajustes y el último rige hasta el 30 de junio. El esquema de indexación por combustibles liga el costo de las multas a variables volátiles: cuando sube la nafta, suben las multas. Eso convierte una sanción administrativa en una carga económica que puede crecer rápido sin que el infractor lo prevea.

¿Cómo afecta esto a la gente y al mercado de autos usados?

El efecto más inmediato lo sienten propietarios y compradores: una multa impaga puede impedir transferir un dominio o renovar la licencia, y terminar encareciendo o paralizando una venta. En la Provincia existe el portal Infracciones BA para consultar por dominio o DNI y pagar online; la Ciudad tiene sistema similar y el scoring de conductores, informó La Nación. Además, la prescripción opera distinto: la ley nacional 24.449 establece que las faltas leves prescriben a los 2 años y las graves a los 5 años, pero la Ciudad aplica 5 años para todas las faltas. Esa diferencia legal altera la expectativa de cierre de deudas y complica a quienes compran vehículos usados creyendo que ciertas multas ya habían caducado.

¿Qué cambios pedir y qué controles son necesarios?

Vemos tres prioridades: transparencia en la metodología de ajuste, proporcionalidad en los montos y mecanismos reales de pago. Primero, es necesario que las jurisdicciones publiquen con frecuencia el cálculo de la UF y simulen el efecto en infracciones típicas (multa por alcoholemia, por estacionamiento prohibido). Segundo, debe haber topes razonables o tasas diferenciadas para faltas leves, para evitar que una sanción menor se transforme en una condena económica. Tercero, planes de pago accesibles y revisiones administrativas ágiles: la digitalización existe (Infracciones BA y sistemas porteños), pero debe acompañarse con facilidades de acceso para jubilados, trabajadores informales y quienes no operan online. La política de sanciones no puede ser solo recaudatoria; tiene que buscar prevención y reparación, no transformar la multa en un problema social mayor.