Una mujer jubilada que circulaba en moto por William Morris al 2200, en San Lorenzo, fue atacada por una jauría esta mañana y terminó con una fractura compleja en la tibia, cerca de la rodilla (según su testimonio en FM Horizonte). Ocurrió alrededor de las 8.15 (según la propia víctima), frente a una gomería de la que, según relató, salieron varios perros. La víctima quedó internada en el Sanatorio Laprida de Rosario, donde los médicos estimaron que la recuperación demandará entre 3 y 4 meses (según el sanatorio).
El hecho, contado por la víctima
Según Ana Tovani, que habló en FM Horizonte, el episodio ocurrió cuando pasó frente a la gomería y “salieron 10 perros, desaforados” (según la entrevistada). Uno de ellos la mordió en la campera cerca del cuello y, en el forcejeo, ella cayó de la moto. La caída provocó la fractura compleja que hoy la mantiene internada en Rosario; los médicos advirtieron la posibilidad de una intervención y de recibir una prótesis (según el Sanatorio Laprida). La dirección exacta del hecho, William Morris al 2200, permite ubicarlo a pocas cuadras de zonas de tránsito escolar matinal, un dato que los vecinos remarcan como crítico (según testimonios recabados en el lugar).
¿Qué dicen los vecinos y qué reclaman?
Los vecinos consultados coinciden en que no se trata de un hecho aislado: “están cansados de hacer denuncias”, dijo una vecina sobre episodios previos (según relatan los vecinos). Acusaron al dueño de la gomería de soltar a los canes por la mañana, justamente en horarios donde circulan madres y chicos rumbo a las escuelas. En el relato difundido, la intervención del dueño durante el ataque fue nula: “él chifló, entró los perros y cerró la puerta”, sostuvo la víctima (según su testimonio). Este patrón coincide con reclamos administrativos que, en casos similares, terminan en actas policiales o notificaciones municipales; no obstante, la familia y el barrio afirman que las acciones formales no cambiaron la práctica diaria (según los vecinos).
Responsabilidad legal y sanitaria
La situación combina dos planos: la responsabilidad civil o penal por la tenencia de animales y la respuesta sanitaria inmediata. Desde lo legal, la figura que se investiga suele ser la de un dueño negligente por abandono o por no asegurar los animales; en términos prácticos, eso se traduce en denuncias administrativas o causas penales cuando hay lesiones. En lo sanitario, la víctima fue trasladada primero a un hospital local y luego al Sanatorio Laprida, donde quedó internada (según el parte médico). El plazo de recuperación estimado, de entre 3 y 4 meses (según el Sanatorio Laprida), obliga a pensar en costos de rehabilitación y en la necesidad de un aparato ortopédico para estabilizar la pierna.
Qué implica para la víctima y para las políticas públicas
La familia aseguró haber reunido cerca de 1.000.000 de pesos para comprar el insumo ortopédico ante la demora de PAMI para autorizarlo (según el relato de la víctima). Esa decisión surge porque, según la mujer, la autorización de PAMI podría tardar “varios meses” (según su testimonio), un lapso que en la práctica se superpone con la ventana de recuperación de 3 a 4 meses estimada por los médicos —es decir, la espera del organismo podría comprometer el resultado funcional. Observamos que esto activa varias obligaciones del Estado: agilidad en prestaciones de salud, controles sobre tenencia responsable de animales y fiscalización municipal de comercios que no aseguren la contención de sus perros. Pedimos que la investigación avance con celeridad, que se priorice la voz de la víctima y del barrio, y que las autoridades municipales y de salud informen públicamente las medidas adoptadas (postura editorial).