La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el Ministerio Público Fiscal formalizaron la imputación a ocho personas por el ingreso ilegal al país de 442,122 kilogramos de clorhidrato de cocaína, hallados el 5 de mayo en una avioneta que aterrizó en una pista clandestina del establecimiento rural ‘Don Julio’, en La Sarnosa, departamento Vera; cinco imputados quedaron con prisión preventiva por 180 días y tres con medidas de 60 días, según el MPF y los fiscales Diego Iglesias y Matías Scilabra.
¿Qué se secuestró y cómo operaba la banda?
La Fiscalía detalló que la avioneta Cessna Charly 210D tenía matrícula argentina falsa y llevaba 340 ladrillos compactos con 442,122 kg de cocaína — datos atribuidos a Procunar en la audiencia. En el predio se secuestraron además la aeronave, dos camionetas, dos camiones, equipos de telefonía y comunicación, 28 bidones de combustible y municiones, según la División Operaciones Federales de la PFA. Los fiscales describen una división de tareas: los pilotos, identificados como Henry V. e Isaac Daniel S.H., de nacionalidad boliviana, operaron el vuelo y fueron recibidos por seis argentinos que coordinaron la logística en tierra. El plan, de acuerdo a la teoría fiscal, incluía el traslado en dos camionetas y dos camiones para acopiar y distribuir el cargamento. La descripción del operativo enfatiza la preparación previa de la pista clandestina y la intención de continuidad del flujo de estupefacientes.
¿Cómo impacta esto en la región y qué antecedentes hay?
Este episodio se inscribe en una secuencia que la pesquisa federal ya venía siguiendo: la investigación se inició el 16 de septiembre de 2025 a partir de información remitida por la DEA y la PFA, según Procunar, y vincula la célula con rutas desde Bolivia y Colombia. En noviembre de 2025 hubo una detención clave —la de Brian Walter Bilbao— luego del hallazgo de más de 400 kg cerca de Pergamino, lo que muestra al menos dos operativos recientes con cargamentos superiores a 400 kg en seis meses. El fiscal Iglesias afirmó la conexión de la célula con actores en Bolivia y Colombia y con episodios de violencia transnacional, y el expediente también menciona el homicidio del supuesto nexo José Pedro Rojas Velasco, ocurrido el 26 de abril de 2026 en Bolivia. La recurrencia de vuelos clandestinos y pistas preparadas en zonas rurales plantea un patrón operativo que exige coordinación internacional y controles más sostenidos en el territorio.
¿Qué preguntas quedan para el Estado y las fuerzas de seguridad?
La pesquisa muestra aciertos operativos: la Unidad Sierra del GEOF y la División Operaciones Federales actuaron con vigilancia y captura coordinada, y el juez autorizó pericias telefónicas y la destrucción del estupefaciente tras extracción de muestras, según el MPF. Sin embargo quedan preguntas de fondo: cómo se detectan y previenen pistas clandestinas en predios rurales como ‘Don Julio’ en La Sarnosa; qué seguimiento se hace sobre el combustible y la logística que permiten esos vuelos; y qué mecanismos de cooperación internacional se activaron desde la alerta inicial del 16 de septiembre de 2025. Pedimos además transparencia sobre los tiempos de investigación y las medidas cautelares: el juez fijó prisión preventiva por 180 días para cinco imputados y 60 días para tres, modalidad domiciliaria para uno por razones de salud — datos consignados en la audiencia. Exigimos presencia estatal territorial y políticas integrales que combinen condiciones laborales dignas para las fuerzas con inversión social en barrios y zonas rurales vulnerables, porque la respuesta policial necesita estar acompañada por control sostenido y políticas que desarticulen los eslabones locales del narcotráfico.
