La licitación de la hidrovía quedó marcada por una contradicción clara: Deme propuso la provisión e implementación de 104 cámaras Raythink PM7S4 (empresa con sede en Shandong, China), mientras que Jan de Nul planteó la continuidad y ampliación del sistema SIMON manteniendo como proveedores a Crux Marine y American Consulting, con tecnología de EE. UU. (según Rosario3, 30/4/2026). Esta diferencia convierte una decisión técnica en un debate sobre proveedores, seguridad y alineamientos internacionales. Exigimos transparencia y auditoría independiente sobre la selección de tecnología crítica y sobre cualquier vínculo societario que pueda condicionar la prestación del servicio.
¿Qué mostró la apertura de las ofertas técnicas?
En la primera instancia pública se evidenció que compiten dos oferentes principales y que las propuestas técnicas no son intercambiables en lo relativo a vigilancia y control. Deme presentó 104 cámaras Raythink PM7S4 para la oferta de “Cámaras Duales Multiespectrales para el monitoreo”, mientras que Jan de Nul propuso evolucionar el actual SIMON con proveedores que la firma identifica como nacionales con tecnología estadounidense (según Rosario3, 30/4/2026). El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, informó que el análisis del sobre técnico estará completo en “dos o tres semanas” y que luego se abrirá el sobre económico, con miras a una posible preadjudicación en julio (declaraciones citadas por Rosario3). Esos plazos son relevantes porque condicionan la ventana para auditorías, pedidos de información adicional y controles legislativos antes de cualquier decisión definitiva.
¿Por qué importa la procedencia de la tecnología?
La elección de proveedores para cámaras, almacenamiento y sistemas de inteligencia artificial no es un detalle técnico: impacta en la seguridad operativa, en la soberanía de datos y en la trazabilidad de la vía navegable. Cuando se propone incorporar 104 unidades de un fabricante con sede en la República Popular China, se abre una pregunta concreta sobre quién tendrá acceso a metadatos, quién hará mantenimiento y bajo qué estándares de cifrado y compatibilidad se operará el sistema (datos de oferta según Rosario3, 30/4/2026). Además, la disputa ocurre en un contexto internacional más tenso que hace un año: informes recientes sobre discusiones en el Congreso de EE. UU. muestran mayor interés en limitar instrumentos financieros y tecnológicos que vinculen a actores extranjeros con infraestructura crítica (Prensa Libre Online, 30/4/2026). Esa conjunción obliga a exigir procedimientos de evaluación técnica y de seguridad cibernética mucho más estrictos que los habituales.
¿Qué debemos exigir como sociedad y como fiscalizadores?
La licitación debe abrirse a controles claros y verificables: 1) publicación íntegra de las especificaciones técnicas y de las listas de subcontratistas y suministradores; 2) auditoría independiente de seguridad informática y de integridad de datos antes de adjudicar; 3) plazos concretos para que la Legislatura y la sociedad civil puedan revisar la documentación antes de la firma; y 4) cláusulas contractuales que obliguen a actualizaciones, soporte y transferencia de datos a instancias nacionales. Exigimos que cualquier decisión relevante —incluida la firma de contratos con proveedores que participen en el esquema— esté acompañada por informes públicos y verificables. Si la Agencia pretende preadjudicar en julio, esos controles deben cerrarse antes de esa fecha (cronograma según Rosario3, 30/4/2026).
En términos fiscales y de gobernanza provincial, recordamos que este tipo de concesiones implican uso intensivo de capital y pueden condicionar inversiones posteriores en los puertos del Gran Rosario. Por eso promovemos una auditoría independiente con acceso total a las ofertas técnica y económica y transparencia sobre vínculos societarios. La pregunta que queda en el aire —y que la ciudadanía merece— es simple: ¿con qué criterios técnicos y con qué controles de seguridad se tomará una decisión que afectará la navegación, la logística agroexportadora y la gestión de datos estratégicos?
