Este viernes un tribunal dictó prisión perpetua contra 12 de los 14 acusados que integraban la banda de Francisco ‘Fran’ Riquelme, responsable de asesinatos, tentativas y amenazas en los barrios Ludueña, Industrial y Empalme Graneros, según El Ciudadano (29/5/2026). La condena remata un juicio oral y público que, de acuerdo con el fallo, probó una estructura con logística, brazo armado y una jefatura que operaba desde el penal.
El juicio: hechos, condenas y pruebas
El tribunal integrado por las juezas y jueces Natalia Benvenutto, Jorge Andrés Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu consideró probado que la organización actuó entre 2021 y 2023 y tenía cerca de 20 integrantes, algunos condenados por acuerdos abreviados, según El Ciudadano (29/5/2026). Doce de las personas sentadas en el banquillo recibieron prisión perpetua; dos fueron condenadas a penas de 5 y 6 años respectivamente. Entre los crímenes que motivaron las condenas aparecen los homicidios de Brian Nicolás Ortigoza (14/2/2022), Cristian ‘Larva’ Fernández (14/4/2022) y Ludmila Orellana (15/9/2022), hechos para los cuales el tribunal reconstruyó órdenes impartidas desde la cárcel y ataques filmados o registrados en cámaras de seguridad. La sentencia destaca pruebas periciales sobre armas utilizadas en múltiples hechos y testimonios que describieron el uso de la violencia como disciplinamiento social.
¿Qué cambia ahora en los barrios del noroeste?
La condena tiene un efecto simbólico y práctico: simboliza el fin de una etapa de impunidad para ese grupo e implica la remoción de figuras claves que, según el fallo, dirigían operaciones desde el penal de Piñero. Sin embargo, las sentencias por sí solas no garantizan que el control territorial ceda. La organización operó durante al menos tres años (2021-2023) y la sentencia llega en 2026, lo que muestra un desfase temporal entre los hechos y su sanción, según El Ciudadano (29/5/2026). En barrios donde la violencia se describe como ‘herramienta de disciplinamiento’ la salida requiere medidas que acompañen la reducción del liderazgo criminal: presencia policial coordinada, programas sociales de inclusión y estrategias de prevención del consumo y la oferta de drogas. Datos judiciales del juicio muestran que muchas órdenes se impartían por telefonía celular y redes sociales, lo que exige intervenciones que combinen investigación criminal con políticas de periferia.
¿Qué falló y qué debe hacer el Estado?
El tribunal dejó claro que los hechos no ocurrieron en un ‘vacío social’ sino en un entorno de violencia extrema y control territorial. Eso revela fallas en presencia estatal sostenida: prevención comunitaria, políticas de empleo y dispositivos de salud mental y adicciones que alcancen a la zona. Exigimos, como posición editorial, presencia estatal facilitadora y gestión profesional de espacios públicos y clubes barriales, porque la ausencia institucional convierte territorios en espacios aptos para economías ilegales; vimos argumentos similares en trabajos anteriores sobre la necesidad de gestión profesional para clubes y espacios comunitarios (por ejemplo, sobre Colón de Santa Fe: https://diariosantafe.com.ar/politica/colon-de-santa-fe-patrimonio-barrial-profesionalizacion-y-pr-2026-05-29). La respuesta estatal debe combinar investigación penal y operativos con inversión en educación, empleo y salud. Sin esos ejes, la remoción de líderes puede crear vacíos que otros grupos intenten ocupar.
Cierre: memoria de las víctimas y ruta para la convivencia
Las víctimas nombradas por el tribunal tienen familia y barrio: Brian Nicolás ‘Chichi’ Ortigoza, Cristian ‘Larva’ Fernández, Ludmila Orellana y Alejandro ‘Peladito’ Ramírez figuran en el fallo como personas cuyos derechos fueron arrebatados por decisiones organizadas. Nombrarlas importa porque la política de seguridad no puede reducirse a números. Además de las condenas (12 perpetuas, 1 de 5 años y 1 de 6 años para otros dos condenados, según El Ciudadano, 29/5/2026), la lectura judicial subraya métodos: emboscadas en intersecciones como Gorriti y Campbell, llamadas desde cárceles y filmaciones del ataque, elementos que la justicia utilizó para valorar la estructura. La lección para las autoridades municipales y provinciales es clara: la sanción penal debe ir acompañada de presencia estatal sostenida, dispositivos de prevención y trabajo con la comunidad para que el ‘territorio de guerra’ deje de ser realidad ambiental y vuelva a ser barrio con vida cotidiana y derechos respetados.
