La Policía aprehendió en las últimas horas a Gabriel Alfredo M., conocido como Gavilán, en el barrio Toba de la zona oeste. El arresto se produjo tras una persecución que empezó en Comando 602 al 4300 y terminó en Aborígenes Argentinos y Liniers, según voceros policiales. La detención se da en el marco de una causa por una serie de balaceras con notas intimidatorias que sacudieron la ciudad a fines de febrero.

Qué pasó en barrio Toba

El operativo que terminó con la captura incluyó varios patrulleros, carrera por techos y disparos de balas de goma, según fuentes del CRE y la fuerza. De acuerdo con la investigación de la fiscal Paula Barros, al detenido se lo liga a al menos cuatro balaceras cometidas entre el 22 y el 25 de febrero de 2026. En el primer ataque, ocurrido el 22 de febrero alrededor de las 16.30 en Ocampo al 100, un acompañante efectuó nueve disparos con una pistola calibre 9 mm contra la entrada lateral del supermercado Carrefour, hiriendo a un cliente, según la Fiscalía. El 24 de febrero hubo un ataque de 13 disparos contra una camioneta en Zelaya al 1300 y, la misma noche, otros hechos en Felipe Moré al 3200 y Gutenberg al 1700; en todos se dejaron notas intimidatorias. Estos números surgen de la acusación fiscal y de los partes policiales aportados a la causa.

¿Quién es ‘El Gavilán’ y qué vínculo tiene con ‘Churro’ Canavo?

Gavilán, de 33 años, según voceros policiales, está domiciliado en la zona oeste profunda y tenía pedido de captura. La pesquisa lo conecta con el colombiano Víctor Sleyner Acevedo, apodado Nene Figueroa, ya detenido y procesado por instigación y narcomenudeo en una causa federal. Las notas dejadas en los hechos apuntaban a un recluso conocido como Nahuel ‘Churro’ Canavo, condenado en la década pasada a 17 años por ataques a sedes judiciales y un homicidio en 2018. Para la Fiscalía, la secuencia de ataques sería un mecanismo de ‘escrache’ y presión sobre Canavo; la atribución aparece en la imputación presentada por la fiscal Barros en la audiencia. Los investigadores deberán probar vínculo, autores materiales y móviles, y eso exige peritajes de balística, análisis de comunicaciones y prueba testifical.

Las consecuencias para los vecinos: heridas, miedo y protesta

El operativo dejó, además, un saldo de tensión en la cuadra. Una chica de 13 años recibió el impacto de tres postas de goma en la pierna derecha y fue atendida en el Hospital Vilela, según el propio centro de salud. Vecinos consultados dijeron que entre el 22 y el 25 de febrero se produjeron cuatro ataques en cuatro días, y que no recuerdan episodios similares en el mes anterior, lo que ilustra un salto en la frecuencia de violencia en esa franja temporal. El despliegue policial desemboca en respuestas inmediatas, pero también en reclamos por daños colaterales: temor, cierre de comercios y escolta informal de barrios. Las familias piden explicaciones y medidas de prevención; la voz de quienes viven la calle es clave para entender el impacto real de estas prácticas intimidatorias.

Qué debe hacer el Estado: investigaciones claras y presencia territorial

La detención es un paso, pero no sustituye a una investigación transparente y rápida. Exigimos celeridad investigativa, como hemos sostenido en notas anteriores sobre seguridad, y transparencia institucional en cada etapa de la pesquisa: imputaciones, medidas cautelares y resultados periciales. Es necesario además priorizar la voz de la familia y de las víctimas en la comunicación oficial; en este caso, la atención al testimonio del cliente herido y de la menor atendida en el Hospital Vilela es central. La presencia estatal territorial —policía con condiciones de trabajo dignas, fiscalías con recursos y programas sociales de proximidad— es imprescindible para evitar que el miedo se convierta en control social por fuera de la ley. Mientras la Justicia avance, aguardamos que la Fiscalía aporte pruebas públicas y las fuerzas expliquen el operativo y el uso de la fuerza en la detención.