Esta nota analiza por qué la búsqueda de Agostina Vega terminó en un desenlace trágico y qué fallas repetidas del sistema quedaron expuestas. El cuerpo fue hallado tras 156 horas de búsqueda, y la investigación reveló demoras y decisiones contrarias a protocolos nacionales e internacionales (según La Nación).
Qué falló en la respuesta policial y judicial
La primera falla fue administrativa y temporal: la madre de Agostina presentó la denuncia a las 4 de la mañana y, según el abogado familiar, debió esperar cuatro horas para que se la tomaran (según La Nación). El protocolo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) estipula toma inmediata y judicialización sin dilaciones cuando se trata de menores. Otro punto crítico fue la activación del Alerta Sofía: la difusión se solicitó recién al cuarto día, mientras que la guía práctica de la política considera las primeras 72 horas como ventana clave para la recuperación. Estas demoras no son tecnicismos: cada hora afecta huellas, trazas telefónicas y la posibilidad de localizar a una persona viva.
La ausencia de reacción rápida refleja una falla institucional mayor: no basta con tener protocolos escritos si no se fiscaliza su cumplimiento y no se entrena al personal para aplicarlos.
¿Por qué pesan los prejuicios sobre las víctimas?
En la investigación se escucharon interpretaciones que inclinaron la mirada hacia la conducta de la adolescente y su familia, más que hacia posibles agresores. El fiscal a cargo señaló que la denuncia inicial orientó la pesquisa hacia la hipótesis de que Agostina se había ido ‘con un amiguito’, una lectura que especialistas consideran peligrosa para menores. La antropóloga forense Celeste Perosino señaló que esa tendencia a minimizar la desaparición de niñas y mujeres conduce a tratar averiguaciones de paradero como meras exposiciones policiales en vez de hechos potencialmente delictivos (según La Nación).
Los prejuicios no son inocuos: el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema indica que en 10% de los femicidios la mujer había estado previamente desaparecida o extraviada, un dato que obliga a priorizar la pesquisa hacia la violencia de género y no a victimizar a la familia.
Fallas de las herramientas de búsqueda: ¿son insuficientes o mal aplicadas?
El Alerta Sofía es una herramienta valiosa en tanto difunde la imagen y datos del menor por dispositivos móviles y medios masivos. Sin embargo, su activación depende hoy de la decisión del fiscal interviniente, lo que introduce discrecionalidad en lo que debería ser una medida urgente. Ana Rosa Llobet, titular de Missing Children, señaló que en este caso se tardó más de 72 horas en solicitarla, un retraso que contraviene las recomendaciones operativas (según La Nación).
Además, hay limitaciones técnicas y culturales: la difusión no garantiza resultado si no va acompañada de patrullaje focalizado, trazado rápido de llamadas y relevamiento domiciliario inmediato. En 2023 La Nación documentó 78 casos de mujeres desaparecidas; dos años después, 17 fueron confirmadas muertas o investigadas con mucha certeza, lo que muestra que las omisiones tienen consecuencias mortales.
Desde la calle: qué cambios urgentes pedimos y qué puede exigir el Estado
Primero, que la toma de denuncia sea efectiva e inmediata: proponemos indicadores públicos de tiempo máximo para registrar una denuncia y para judicializar averiguaciones de paradero. Segundo, que la activación del Alerta Sofía sea obligatoria ante indicios de riesgo cierto e inmediato para menores, con plazos claros (por ejemplo, dentro de las primeras 24-48 horas según gravedad). Tercero, capacitación obligatoria para policías y fiscales en perspectiva de género y protocolos Sifebu/Ufem, con auditorías externas.
También sostenemos que el control de armas en domicilios y la presencia estatal sostenida en barrios vulnerables forman parte de la respuesta: sin condiciones materiales y políticas públicas que protejan a niñas y mujeres, los protocolos quedarán en letra muerta. Según estimaciones citadas en el caso, hay unas 5000 mujeres desaparecidas en el país, lo que indica una escala del problema que exige medidas estructurales y rendición de cuentas.
Como sociedad debemos escuchar primero a los vecinos y a las familias, y como Estado debemos garantizar que los protocolos no sean opcionales sino praxis obligatoria y fiscalizable.
