El concejal Federico Lifschitz presentó el 27/5/2026 un proyecto de ordenanza que prohíbe la circulación de bicicletas y monopatines eléctricos en las calles de Rosario donde hay carriles exclusivos para transporte público y donde, por su configuración, quede una sola mano de circulación para vehículos particulares. Según El Ciudadano (27/5/2026), la norma apunta a cinco calles del área central y al Metrobus Norte en Av. Alberdi.

¿Qué propone exactamente el proyecto?

El texto presentado busca que las vías con carril exclusivo para transporte público no admitan bicicletas ni monopatines en la mano destinada a vehículos particulares cuando solo quede “una mano” disponible. En la enumeración oficial aparecen cinco calles centrales donde ya funcionan carriles exclusivos (Maipú, Laprida, Santa Fe, Córdoba y San Lorenzo) y además el Metrobus Norte en Av. Alberdi (según El Ciudadano, 27/5/2026). La regla, tal como está redactada, no apunta a bloquear la micromovilidad en toda la ciudad sino a restringirla en corredores concretos con configuración geométrica particular (una única mano para automóviles). La iniciativa prevé que, una vez aprobada, la Municipalidad incorpore señalética específica y medidas de prevención vial en esos corredores (El Ciudadano, 27/5/2026).

¿A quiénes protege y a quiénes limita la norma?

Desde el lente de seguridad vial, la preocupación es legítima: la mezcla de vehículos con grandes diferencias de velocidad y maniobrabilidad aumenta el riesgo de siniestros. El concejal lo fundamenta en la diferencia entre medios y en el crecimiento del uso de monopatines (El Ciudadano, 27/5/2026). Sin embargo, cualquier restricción que mejore seguridad en una franja puede trasladar la circulación a calles paralelas, aumentar densidad peatonal en veredas o empujar a usuarios a vías menos seguras. Aquí entra la necesidad de medir: pedimos que la medida vaya acompañada de datos sobre siniestralidad por modo y por corredor —cuántos choques involucran bicicletas o monopatines en esos cinco corredores— para verificar que la restricción reduce riesgos y no solo los redistribuye. También hay un componente de equidad: muchos se mueven en micromovilidad por costo y accesibilidad, no solo por elección.

Lente fiscal y operativo: ¿qué implica para la gestión municipal?

La ordenanza obliga a la Municipalidad a señalizar y fiscalizar corredores concretos. Señalética, recalibración de semáforos, campañas educativas y control de tránsito implican costos operativos recurrentes; El Ciudadano menciona la necesidad de incorporar señalética específica (27/5/2026) pero no aporta montos. Desde la lógica fiscal provincial y municipal —donde los recursos son limitados— pedir transparencia es esencial: ¿de qué partida saldrá la inversión? ¿Se usará personal municipal existente o se tercerizará el control? ¿Habrá multas y quién percibirá esos ingresos? Recomendamos una estimación presupuestaria pública antes de la aprobación y un piloto primero en uno de los cinco corredores para medir impacto operativo y fiscal. Sin datos sobre reducción de siniestros y costos, la medida puede convertirse en un gasto sin evaluación.

Conclusión: prioridades y preguntas que quedan

Vemos la intención política y técnica detrás del proyecto: ordenar el espacio vial y reducir riesgos. Pero apoyamos intervenciones que combinen reglas claras con datos verificables y alternativas. Antes del voto final, pedimos: 1) un diagnóstico público de siniestralidad por modo en esos corredores; 2) un estudio de impacto que contemple desplazamientos desplazados a calles adyacentes; y 3) un presupuesto y cronograma de señalización y fiscalización. La pregunta que queda en el aire es práctica: ¿con qué datos y con qué recursos el municipio comprobará que la prohibición mejora la seguridad sin generar costos sociales mayores para quienes dependen de la micromovilidad? Sin esa información, la medida corre el riesgo de ser reactiva y no parte de una política integrada de movilidad urbana.