Vecinos autoconvocados de barrio Larrea se concentraron en el predio de Bolivia al 600 bis para pedir la restitución de una plaza que, según denunciaron, fue cedida por la familia Casasola y ahora un particular comenzó a cerrar y hacer obras alegando haberla comprado (según Rosario3, nota del 22/5/2026). El reclamo incluyó la firma de un petitorio y la fotografía de los arcos de la canchita retirados durante las obras.

¿Quién tiene la razón sobre el terreno?

La disputa se apoya en documentos públicos y en la memoria barrial. Según la crónica, el predio tiene 64 metros de frente por 62 metros de fondo, en Bolivia al 600 bis entre Juan José Paso y French (según Rosario3), lo que arroja aproximadamente 3.968 metros cuadrados de superficie. La nieta del donante, Graciela Casasola, dijo que su nono murió en 1953 y que los herederos cedieron el terreno para uso público tras la sucesión (según declaraciones reproducidas por Rosario3).

Los vecinos recuerdan que la plaza se inauguró durante la gestión de Horacio Usandizaga hace unos 40 años, lo que establece una línea temporal clara: la cesión familiar (1953) y la oficialización en la práctica décadas después (mediados de los 1980). Frente a ese relato, quienes hoy realizan obras dicen haber comprado el terreno; los vecinos afirman que no se les mostraron escrituras ni boletos de compra-venta.

¿Qué papel tuvo el municipio y qué falta?

Hasta el cierre de la nota, los vecinos dijeron que no recibieron una respuesta formal de la Municipalidad (según Rosario3). En la versión barrial y vecinal circula la afirmación de que el predio habría sido cedido a una Fundación para construir un colegio evangélico y un templo, pero esa operación no fue aclarada públicamente ante los residentes.

La ausencia de una comunicación oficial o de la exhibición de documentos en sede pública alimenta la desconfianza. Pedimos —y exigimos coherencia con la transparencia administrativa— que el municipio informe si existe efectivamente transferencia registral, a qué título y con qué condicionamientos. La certeza jurídica y la información pública son condiciones mínimas para resolver conflictos sobre suelo urbano.

¿Qué reclaman los vecinos y qué se perdió en lo cotidiano?

Decenas de personas, adultos y niños, se juntaron al atardecer para firmar el petitorio y reclamar que la plaza vuelva a estar abierta al barrio (la convocatoria se realizó un lunes a las 18, según Rosario3). Entre los testimonios aparece la remoción de los arcos de la canchita de fútbol, un símbolo del uso colectivo del espacio durante generaciones. Graciela Casasola agregó que la familia llegó a poseer ‘tres manzanas’ en la zona hasta Provincias Unidas, y que la voluntad del donante fue que el lote fuera para uso público y sin lucro (según Rosario3).

La demanda vecinal es clara: recuperar acceso, conservar el uso deportivo y recreativo y que cualquier proyecto futuro cuente con la participación y el consenso de la comunidad.

¿Qué implica esto para las políticas de espacio público en la ciudad?

Perder cerca de 3.968 m2 de espacio público en una cuadra de la zona noroeste implica un golpe a la infraestructura barrial: áreas verdes y plazas funcionan como equipamiento comunitario, lugares de encuentro y esparcimiento. El predio de Bolivia 600 bis equivale a casi 0,4 hectáreas (según las medidas publicadas en Rosario3), superficie relevante para un barrio condensado.

Desde nuestro lente territorial y social, estos conflictos revelan déficit institucional: falta de conservación, procedimientos de formalización incompletos y comunicación municipal insuficiente. Exigimos celeridad administrativa para aclarar la titularidad, transparencia en la exhibición de documentos y prioridad a la voz de la familia donante y de los vecinos en cualquier decisión. La presencia estatal territorial —no solo fiscalizaciones reactivas— debe acompañar la restitución y la mejora del espacio público para que vuelva a ser de uso comunitario y no un bien susceptible de privatización encubierta.