El ministro Federico Sturzenegger anunció que en junio enviará al Congreso un paquete para desregular el sector inmobiliario y los colegios profesionales, y sostuvo que la oferta de alquileres aumentó 300% y que los precios reales cayeron cerca de 30% tras los cambios recientes (según sus declaraciones publicadas por La Nación y Reporte Inmobiliario).

¿Qué propone exactamente?

El paquete, según el ministro, busca eliminar honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación en algunos casos y barreras de entrada que, en su diagnóstico, encarecen la intermediación y la construcción (declaraciones recogidas por La Nación). Sturzenegger insistió en la vía legislativa tras usar el DNU 70/2023 para derogar la ley de alquileres; afirmó que ese DNU ya generó mayor oferta y flexibilidad contractual (según Reporte Inmobiliario).

Además, vinculó la expansión del crédito hipotecario a un eventual regreso de capitales: mencionó que los argentinos tienen más de US$200.000 millones fuera del sistema financiero y que el stock actual de hipotecas ronda US$5.000 millones, cifra que, en su estimación, podría multiplicarse por 10 si una parte de esos fondos vuelve (La Nación). También señaló que los bancos operan con depósitos que representan entre 12% y 15% del PBI, frente a más del 80% en Chile, para explicar el potencial de expansión crediticia.

¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?

Vemos efectos de corto y largo plazo. En el corto plazo, la mayor flexibilidad contractual puede ampliar la oferta de alquileres y reducir precios nominales, como sostuvo el ministro: oferta +300% y precios reales -30% (Reporte Inmobiliario). En el mediano plazo, la promesa de multiplicar por 10 el stock hipotecario depende de condiciones macro y del regreso de ahorros: esa hipótesis requiere estabilidad cambiaria y tasas reales atractivas para el ahorro, no solo cambios regulatorios (afirmaciones del propio Sturzenegger, La Nación).

Desde el lente fiscal, la desregulación puede reducir ingresos por aranceles y matriculaciones en jurisdicciones provinciales y municipales; desde el lente social, la competencia puede abaratar costos, pero también puede debilitar controles de calidad y protección al consumidor si se elimina la obligatoriedad de registro sin reemplazos efectivos. Por eso es crucial que cualquier reforma vaya acompañada de normas claras de defensa del consumidor y supervisión efectiva.

¿Qué preguntas quedan abiertas y qué pedimos?

Primero, falta un estudio de impacto fiscal y laboral: necesitamos saber cuánto perderán o ganarán las provincias por menores matriculaciones y tasas, y cuántos empleos formales pueden verse afectados por la reducción de intermediation costs. Segundo, las cifras difundidas son proyecciones del Ejecutivo; exigimos transparencia en los supuestos y una auditoría independiente que contraste la mejora de oferta y la caída de precios con datos del INDEC y del BCRA.

Tercero, la desregulación debe contemplar equilibrios regionales. En Santa Fe la relación entre Rosario y la capital es distinta a la de Buenos Aires; una apertura que favorezca grandes desarrolladores puede profundizar concentración territorial y no mejorar la oferta en el interior. Por eso proponemos: 1) un informe público de impacto por provincia, 2) mecanismos de protección al usuario para mantener estándares profesionales, y 3) un calendario gradual con evaluaciones periódicas que permitan corregir efectos adversos.

La desregulación puede bajar costos si se acompaña de competencia efectiva y supervisión. Sin esos complementos, corre riesgo de transferir renta hacia grandes actores del sector y de debilitar salvaguardas para inquilinos y compradores. Exigimos datos, transparencia y auditoría independiente antes y después de cualquier cambio legislativo.