La Justicia de la provincia de Santa Fe sobreseyó a B.S.V., uno de los menores implicados en el asesinato de Jeremías Monzón, argumentando que tenía 14 años al momento del hecho y no puede ser juzgado bajo el régimen vigente para ese momento (según El Ciudadano). La resolución aparece cinco meses después del ataque y reaviva preguntas sobre las brechas legales y la respuesta estatal.

Qué decidió la Justicia y los datos del caso

La medida judicial alcanza a B.S.V., que tenía 14 años cuando ocurrió el crimen el 18 de diciembre de 2025, y se apoya en la imposibilidad de someterlo a juicio por su edad y en la no retroactividad del nuevo régimen penal juvenil aprobado por el Congreso en febrero de 2026 (según El Ciudadano). La víctima, Jeremías, tenía 15 años y, según la investigación, recibió 23 puñaladas; el hecho fue grabado, lo que aumentó la conmoción pública (según El Ciudadano). En la causa figura como imputada Milagros A., de 16 años, alojada en un reformatorio de Rosario, y la madre de esa adolescente, Nadia Juárez, permanece detenida en una cárcel de mujeres en la ciudad, según fuentes judiciales citadas por el medio.

¿Por qué no se puede juzgar a un menor hoy?

La explicación judicial es técnica: la edad de B.S.V. al momento del hecho impide que sea juzgado en el marco normativo vigente entonces, y la ley aprobada por el Congreso en febrero de 2026 no rige de forma retroactiva para hechos anteriores a su sanción (según El Ciudadano y registros legislativos). Esto deja un vacío que, en la práctica, se traduce en decisiones complejas cuando delitos graves involucran a adolescentes. Cinco meses después del ataque, la resolución pone en evidencia la tensión entre la demanda social de sanción y los límites constitucionales y procesales que protegen a los menores. La discusión legal sobre la edad de imputabilidad y las penas posibles sigue siendo central, pero debe medirse con las garantías legales que existen hoy.

Impacto social y territorial: qué reclama la comunidad

El homicidio de Jeremías fue calificado por la prensa local como uno de los más sangrientos de la provincia, no solo por la violencia del ataque sino por la participación de menores y la difusión del material (según El Ciudadano). En Santo Tomé y barrios cercanos la sensación es de horror e indignación; vecinos piden respuestas y mayor presencia estatal. Vemos aquí una coincidencia con reclamos más amplios sobre seguridad: la respuesta policial y judicial por sí sola no alcanza si no va acompañada de políticas territoriales de prevención, salud mental y acompañamiento a familias. Además, la detención y la internación de adolescentes plantean la urgencia de protocolos de protección y tratamiento especializado para jóvenes en conflicto con la ley.

Qué falta y qué pedimos desde la columna

La decisión judicial subraya dos urgencias: transparencia en la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y medidas públicas de prevención e integración. Exigimos que se publiquen fundamentos claros de las resoluciones, que se articularen programas de contención para jóvenes en riesgo y que exista un plan territorial de salud mental y educación en Santo Tomé y localidades aledañas. Además, reclamamos mecanismos de apoyo a las víctimas y a sus familias, con atención psicosocial inmediata. La seguridad se mejora cuando la administración de penas se articula con políticas sostenidas de reinserción laboral, salud y vivienda; la no retroactividad de una ley no puede ser excusa para la inacción estatal frente a barrios que demandan presencia y políticas concretas.

En la columna mantenemos la postura de exigir respuestas estatales integrales: presencia territorial, protocolos públicos de atención a adolescentes en conflicto y transparencia en las sanciones y procesos que afectan a menores. La sociedad necesita, además, debate público informado sobre cómo combinar garantías legales con políticas efectivas de prevención.