La Cámara alta recibió tres proyectos de comunicación que demandan al Ejecutivo nacional información precisa sobre el estado de los ramales ferroviarios que conectan a Rosario y la provincia de Santa Fe con Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, la fiscalización de las empresas de micros de larga distancia y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a sus pasajes gratuitos (según el texto presentado al Senado, 11/05/2026). El eje del reclamo es claro: pedir datos públicos y plazos que permitan auditar decisiones de inversión y control.

¿De qué se trata exactamente la petición?

Los tres pedidos apuntan a tres problemas concretos: interrupciones y demoras en los servicios ferroviarios, cancelaciones y problemas de seguridad en micros de larga distancia, y negativas o trabas para que personas con discapacidad obtengan pasajes gratuitos. El autor de las iniciativas, el senador Marcelo Lewandowski, sostiene que “se vulnera el derecho a la movilidad” y que esto impacta en la vida de miles de personas en el interior. En términos demográficos, la escala del problema no es menor: Santa Fe registra 3.556.522 habitantes según el INDEC (Censo 2022), lo que representa el 7,8% de la población nacional (INDEC, Censo 2022); esa proporción explica por qué la conectividad provincial tiene peso federal. Pedir información sobre plazos, mantenimiento y sanciones es, por tanto, una demanda con implicancias tanto sociales como económicas.

¿Qué datos se reclaman y qué faltan en el expediente?

Las iniciativas solicitan: 1) cronograma y plazos para normalizar frecuencias ferroviarias y detalles de obras de mantenimiento; 2) registros de inspecciones y sanciones aplicadas a las empresas de micros; y 3) estadísticas sobre rechazos o demoras en la otorgación de pasajes gratuitos a personas con discapacidad. El texto oficial no incluye, sin embargo, partidas presupuestarias ni montos comprometidos para obras ni auditorías técnicas públicas. Esa ausencia es la que obliga al Senado a pedir informes: sin cifras presupuestarias y sin plazos verificables no hay control. Exigimos que los informes incluyan montos específicos, partidas presupuestarias y responsables técnicos, porque la fiscalización no es un gesto sino una herramienta para priorizar gasto e inversión.

¿Cómo impacta esto en la vida cotidiana y qué pedimos desde aquí?

La pérdida de frecuencias y las cancelaciones afectan traslado a trabajo, educación y salud, y agravan la vulnerabilidad de quienes dependen del transporte público de larga distancia. En particular, las trabas para acceder a pasajes gratuitos golpean a quienes necesitan trasladarse por tratamientos médicos o empleo. Vemos con coherencia nuestras posiciones previas: exigimos datos verificables sobre ejecución presupuestaria y transparencia en las investigaciones (posicionamiento público, 2026-05-09). Por eso, además de los informes pedidos en el Senado, reclamamos: auditoría técnica pública de vías y material rodante; publicación de actas de fiscalización de la CNRT u organismo competente; y un informe sobre cuántos pasajes gratuitos fueron denegados y con qué motivo. Si no hay montos, responsables y plazos, la respuesta seguirá siendo retórica. La agenda vuelve a plantear un tema federal: sin inversión y control público no hay garantía de movilidad para una provincia que concentra más del 7% de la población nacional (INDEC, Censo 2022).