El proyecto del Poder Ejecutivo que llegó al Senado bajo el título Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez provocó la reacción de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en Rosario y en todo el país. Según la cobertura local, la iniciativa apunta a centrar la política en la fiscalización y a endurecer las condiciones de acceso, en reemplazo de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 (El Ciudadano, 22/4/2026). La respuesta inmediata fue una marcha nacional y una convocatoria local en el Concejo municipal para visibilizar el impacto social.
¿Qué propone el proyecto y por qué alarma?
El texto remitido al Senado propone modificar el enfoque vigente y priorizar controles para detectar fraudes, según la versión difundida por organizaciones del sector (El Ciudadano, 22/4/2026). La referencia a la Ley N° 27.793 —vigente hasta ahora como marco de emergencia— sirve de bisagra: el proyecto busca reemplazarla por un marco orientado a la fiscalización. Para muchos actores esto significa un giro desde la garantía de prestaciones hacia la lógica sancionatoria. En Rosario, el presidente de la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, Carlos Scipione, definió la iniciativa «como una pantalla para terminar de destruir el sistema» (El Ciudadano, 22/4/2026). Ese diagnóstico es la base del rechazo y explica la convocatoria a movilizarse.
¿Cómo se expresa el rechazo en Rosario y cuándo será la actividad?
Los transportistas nucleados en Atraes participaron de la marcha convocada en Capital Federal el miércoles 22/4/2026 y anunciaron que replicarán la protesta en la ciudad. El colectivo local realizará una actividad pública en el salón Puerto Argentino del Concejo Municipal el jueves 23/4/2026, desde las 11, para mostrar el trabajo cotidiano y las necesidades urgentes del sector (organizaciones locales, comunicado citado por El Ciudadano). Además de Atraes, se pronunciaron instituciones agrupadas en Apridis, que alertan sobre el cierre de canales de acceso para personas que dependen de pensiones y servicios complementarios. La convocatoria busca apelar al compromiso de los ediles y visibilizar la dimensión municipal de un debate que, aunque nacional en origen, tiene efectos concretos en la movilidad y la atención local.
El costado social: más allá del trámite legislativo
La discusión legislativa tiene consecuencias prácticas: transporte adaptado, programas de inclusión y coberturas asistenciales funcionan en la frontera entre lo público y lo contratista. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 15% de la población vive con alguna discapacidad (WHO, 2011), una cifra que pone en perspectiva la magnitud del tema. En Argentina, esa escala implica que políticas regresivas o más restrictivas pueden afectar a decenas o cientos de miles de familias que ya enfrentan barreras para el acceso a salud, educación y trabajo. Por eso las organizaciones insisten en que la discusión no sea solo sobre fraude, sino sobre cómo garantizar derechos y sostener servicios esenciales.
Qué piden las organizaciones y qué esperamos del Estado
Las voces del sector plantean tres demandas concretas: 1) transparencia en el proceso legislativo y en los criterios de evaluación de pensiones; 2) acompañamiento efectivo a las familias afectadas por cambios en prestaciones y servicios; 3) políticas públicas sostenidas que prioricen inclusión y acceso, no solo control. Pedimos, además, que cualquier reforma se discuta con representantes de las organizaciones y con datos públicos que permitan auditar decisiones. El llamado local del 23/4/2026 llega un día después de la marcha nacional del 22/4/2026 (El Ciudadano, 22/4/2026), y busca traducir en evidencia las consecuencias cotidianas: quién pierde transporte, quién pierde acceso a prestaciones y cómo se atiende a las familias en riesgo. En ese sentido, exigimos investigación judicial transparente ante eventuales decisiones administrativas que vulneren derechos y políticas públicas que sostengan la atención primaria y la movilidad de las personas con discapacidad.
