La resolución publicada en el Boletín Oficial regula desde este año las residencias que se cursen en establecimientos nacionales y cambia la modalidad de contratación: habrá una única Beca Nacional y los cupos nacionales ofrecidos en 2025 fueron 628, de los cuales se cubrieron 566 en tres convocatorias (según el Ministerio de Salud y el Boletín Oficial). Vemos que, en la práctica, la medida reduce el ámbito del Examen Único que históricamente articulaba ingreso nacional —antes, más de 10.000 inscriptos competían por unas 6.000 vacantes a nivel país, de acuerdo con registros ministeriales— y devuelve a las provincias la responsabilidad de organizar su propio ingreso y formación.
¿Qué cambia en la modalidad de contratación y por qué importa?
El cambio central es que quienes accedan a vacantes en hospitales nacionales recibirán exclusivamente la Beca Nacional, sin la posibilidad de optar por la “beca institución” que permitía a algunos centros complementar montos y brindar ART o seguros adicionales; en la primera convocatoria nacional de 2025, 80% de los 348 adjudicatarios eligió esa modalidad (datos del Ministerio de Salud). El reglamento mantiene 45 horas semanales y establece un máximo de 8 guardias por mes, y formaliza permisos por licencia anual, maternidad/paternidad y por enfermedad de familiares (Boletín Oficial). Para nosotros, la discusión no es solo financiera: la forma de contratación define prestaciones laborales (seguro de salud, mala praxis, aportes) y condiciona la capacidad de los hospitales para retener talento en contextos de alta demanda y bajos recursos.
¿Mejora esto la calidad de la formación médica y la seguridad de pacientes?
El texto oficial insiste en la supervisión estructural de las residencias y en la obligación de revisar programas, aunque elimina el rol directo de las universidades en la fiscalización quinquenal, una crítica que ya planteó la exdirectora Isabel Duré por el riesgo de desactualización ante avances tecnológicos (según declaraciones públicas). Expertos como Marcelo García Dieguez interpretan la reforma como una adecuación normativa postcrisis del Examen Único 2025, que tuvo filtraciones y permitió el uso de dispositivos por parte de un postulante extranjero (informes ministeriales); por eso se exigirá, a partir del año próximo, que títulos extranjeros procedan de universidades acreditadas por criterios de la Federación Mundial para la Educación Médica (WFME) (Boletín Oficial). Observamos que la normativa apunta a mayor control y trazabilidad de cupos —628 cupos nacionales ofrecidos vs. las ~6.000 vacantes del esquema previo a nivel nacional— pero no resuelve por sí sola problemas estructurales de formación: financiamiento de planteles docentes, infraestructura hospitalaria y rotación supervisada.
¿Qué faltó y qué debería atender el Estado a continuación?
La normativa trae certezas administrativas, pero deja abiertas preguntas sobre equidad y condiciones laborales: la eliminación práctica de la “beca institución” puede estandarizar derechos, pero también reduce la flexibilidad de los hospitales para complementar salarios y seguros donde hacen falta; el año pasado esa opción fue clave para 80% de quienes ingresaron por cupos nacionales (Ministerio de Salud). Además, aunque se sostienen límites de guardias y carga horaria (45 horas; máximo 8 guardias mensuales, Boletín Oficial), persisten inquietudes sobre el descanso posguardia y riesgos asociados que ya señalaron especialistas en seguridad clínica. Exigimos que el Ministerio acompañe esta reglamentación con datos públicos periódicos —número de cupos por jurisdicción, montos de beca, coberturas sociales efectivas y tasa de renuncias— y con inversión para infraestructura formadora, porque la formación médica no mejora solo con reglas sino con recursos y supervisión efectiva.
