El Gobierno detectó presuntos sobreprecios de hasta 4.239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis hechas por la Agencia Nacional de Discapacidad en 2025; el informe oficial releva 37 facturas de seis proveedores por un total de 18.100 millones de pesos y la causa federal llamó a indagatoria a 49 personas, según LA NACION.
Qué encontró el informe y por qué alarman los números
El documento firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud el 10 de abril describe desvíos sistemáticos entre lo facturado y valores de referencia. El relevamiento identifica 37 facturas que sumaron 18.100 millones de pesos y señala que Farma Salud recibió 7.900 millones, de acuerdo a LA NACION. El informe usa como ejemplos extremos una factura por un andador con un sobreprecio de 4.239% respecto del valor de referencia y la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por 425.000.000 pesos, contra 124.200.000 pesos que pagó el PAMI por el mismo insumo en marzo de 2025, es decir una diferencia del 242% según LA NACION. Estos saltos porcentuales y montos absolutos generan una hipótesis de gasto irracional que exige trazabilidad contable.
¿Cómo se contrataron estos insumos y quiénes aparecen vinculados?
La causa apunta a contrataciones por el Siipfis, la plataforma digital diseñada para acelerar compras públicas, que según el informe terminó siendo utilizada para seleccionar previos proveedores y simular competencia. En la investigación aparecen conexiones societarias y familiares entre empresas y funcionarios, con mensajes y grupos de WhatsApp que, según el fiscal Picardi, muestran inclusión selectiva de oferentes. La imputación organizó responsabilidades en al menos dos anillos: un núcleo de directores o exdirectores y un anillo operativo de funcionarios, gestores y familiares; en total 49 llamados a indagatoria, entre ellos socios de Farma Salud y exdirectores de la agencia, informa LA NACION. El expediente está en manos de la Justicia federal y se ordenó peritaje de grabaciones que hicieron estallar el caso.
Lente fiscal y social: qué está en juego para los recursos públicos
Desde la lente fiscal, hablamos de dinero que sale del Tesoro con destino a prestaciones esenciales. Comprar insumos de rehabilitación con sobreprecios extraordinarios erosion a la capacidad del Estado para financiar prestaciones y salarios. Si siquiera un 10% de los 18.100 millones recuperables fuera devuelto, eso representaría 1.810 millones de pesos para reasignar a servicios o programas, dato que se desprende de la suma publicada por LA NACION. Desde la lente social, hablamos de personas con discapacidad que dependen de equipos y asistencia; cuando el gasto público se diluye en sobreprecios, la prestación efectiva retrocede. Además, la CIDH advirtió que los ajustes fiscales deben respetar derechos humanos; la transparencia en compras destinadas a grupos vulnerables es condición mínima, ver link anterior La CIDH condiciona el ajuste.
Qué debería exigir el Estado y qué pedimos desde la opinión pública
Pedimos medidas claras y verificables: auditoría pública y publicada de todas las contrataciones de Andis 2024-2025, auditoría forense del Siipfis, suspensión preventiva de pagos a proveedores involucrados y publicación de contratos y criterios de adjudicación. Exigimos que la Justicia acelere el peritaje solicitado sobre las grabaciones y que la administración nacional informe qué controles de precios y de mercado aplicó antes de girar 18.100 millones de pesos. También reclamamos que cualquier ahorro recuperado se destine a fortalecer prestaciones y a recomponer salarios en los equipos de salud y en la red de atención a la discapacidad. La política pública sin transparencia fiscal no protege derechos ni genera confianza; eso es inaceptable para quienes dependen de esos recursos.
