En el Congreso de la Nación se realizó un encuentro con más de 100 organizaciones vinculadas a la discapacidad para visibilizar lo que definieron como un “colapso” del sistema y exigir respuestas urgentes (El Ciudadano). La jornada, impulsada por diputados de distintos bloques, contó con 42 oradores que expusieron cierres de centros, incumplimientos administrativos y dificultades de acceso a prestaciones (El Ciudadano).
El colapso en cifras y voces
En la sala hablaron 42 oradores que trasladaron reclamos de familias, prestadores y referentes territoriales sobre la falta de respuestas y cierres de espacios (El Ciudadano). Desde la perspectiva global, la Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente el 15% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad, un dato que explica por qué las políticas públicas para el sector son materia de interés general (OMS, World Report on Disability). Vemos en esa combinación de demanda sostenida y falta de políticas una ecuación que explica por qué organizaciones de todo el país afirman que ya no están en emergencia sino en colapso (El Ciudadano). Los testimonios provinieron tanto de la Capital como de localidades del interior, lo que confirma el carácter federal del reclamo.
¿Qué falla del Estado?
Las organizaciones y legisladores presentes apuntaron directamente a la reglamentación del Ejecutivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad y responsabilizaron al ministro de Salud por el agravamiento del problema (El Ciudadano). En el encuentro se reclamó la interpelación y el pedido de juicio político contra el ministro, señalado por actores del sector como responsable de decisiones que habrían limitado el acceso a derechos (El Ciudadano). Además, los asistentes mencionaron cierres de espacios en localidades puntuales como Esperanza y Recreo, que los referentes provinciales traen como ejemplos de impacto territorial (El Ciudadano). Observamos que, más allá de la retórica, la asignación de recursos y la organización territorial del Estado son el núcleo del problema: sin presencia estatal sostenida, las familias y los prestadores quedan a la deriva.
¿Qué piden las organizaciones y qué proponen?
El colectivo reclama la defensa plena de la Ley de Emergencia, la revisión de la reglamentación y la restitución de prestaciones y financiamiento. Además del pedido de juicio político, plantearon la construcción de una agenda común para monitorear el cumplimiento y diseñar soluciones concretas (El Ciudadano). Entre las demandas figura la presencia territorial del Estado en salud y transporte adaptado, además de financiamiento estable para prestadores que hoy enfrentan cierres y pérdida de fuentes laborales: son reclamos que empalman con las necesidades cotidianas de familias y pymes sociales. Según los organizadores, la situación es percibida como más grave que el año anterior, con mayor cantidad de centros en riesgo — datos precisos sobre cierres aún no fueron publicados por fuentes oficiales (declaraciones de asistentes y El Ciudadano).
Qué debería hacer el Estado y qué pedimos desde esta columna
Observamos que la respuesta no puede limitarse a gestos aislados ni a centralizar trámites en oficinas lejanos. La política pública debe combinar presupuesto sostenido, control transparente de reglamentaciones y presencia territorial en salud, transporte y educación. Apoyamos la formalización y el control de flujos de financiamiento cuando sea necesario, pero exigimos datos abiertos, control ciudadano y políticas integrales para que la formalidad se traduzca en acceso real — una continuidad de nuestra posición sobre salud pública y presencia estatal. Las organizaciones pidieron también mecanismos de monitoreo con participación de las propias personas con discapacidad; es una demanda que la agenda política no puede eludir. Si el Congreso y el Poder Ejecutivo no ofrecen respuestas concretas, la judicialización y el reclamo político continuarán. La sociedad, en tanto, debe saber que detrás de cada cifra hay familias que pierden servicios y espacios que cierran en barrios y ciudades del país.