Se trata de notificaciones administrativas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pueden alcanzar cifras millonarias: el propio DHS informó que entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió 65.101 multas por un total de más de US$36.000 millones. Estas cartas, firmadas por el DHS, responsabilizan a personas con orden final de deportación que no abandonaron Estados Unidos y advierten sanciones diarias.

¿Qué son estas multas y por qué reaparecieron ahora?

Son sanciones civiles previstas en una ley de 1996 que, según fuentes oficiales citadas por los medios, estuvo “en desuso durante las últimas décadas” y fue reactivada por la administración actual. El DHS dijo que las multas pueden llegar a cerca de US$1.000 por día —la cifra usada en comunicados ronda los US$998–US$1.000 diarios— y acumularse retroactivamente hasta cinco años (según el comunicado del DHS). En la práctica eso convierte órdenes de expulsión incumplidas en deudas por decenas o cientos de miles de dólares. Además, los afectados tienen 30 días para apelar la sanción bajo juramento y con pruebas, un plazo que abogados especialistas consideran muy ajustado para preparar defensas. Esta aplicación masiva (65.101 multas en poco más de un año) contrasta con la inactividad previa de la norma.

¿Qué hago si me llega una carta del DHS? ¿Puede ser una estafa?

La sospecha de fraude es legítima: ya hubo casos en que migrantes creyeron recibir estafas antes de confirmar que la carta era oficial (un caso publicado por Telemundo mencionó una multa por US$1.820.352). Antes de pagar o compartir datos, verificar la autenticidad es clave: chequear el número de expediente en la web oficial del DHS/ICE, comunicarse con el abogado y, si corresponde, con el consulado. No pagar ni transferir fondos sin asesoría. El abogado José Jordán recomendó en medios consultar con un profesional para evaluar la apelación y advirtió que, aunque la sanción tiene componente político y podría cambiar con otra administración, hoy es exigible. Si la carta es auténtica, el plazo de 30 días para apelar es determinante.

Riesgos concretos y defensas disponibles

Si no se apela o no se puede pagar, el gobierno federal tiene herramientas para cobrar: retener reembolsos de impuestos, confiscar fondos de cuentas bancarias o incluso embargar bienes inmuebles, según las notificaciones que describen estas medidas. Existen defensas jurídicas: impugnar la notificación, demostrar falta de notificación adecuada, o usar figuras como fideicomisos y transferencias planificadas para proteger patrimonio —con asesoría legal especializada—; también se puede negociar planes de pago en algunos casos. Para quienes reciben la carta, el primer paso administrativo es presentar la apelación en tiempo y forma; el segundo, buscar representación legal con experiencia en inmigración y, si aplica, consultar al consulado del país de origen.

¿Qué implica esto para argentinos y para la política institucional?

Muchos argentinos reside n en Estados Unidos; por eso estas medidas pueden afectar a familias que reciben remesas o que tienen bienes en EE. UU. Desde una perspectiva institucional, la reactivación de una norma antigua plantea dos demandas: transparencia en la notificación y garantías procesales para quienes reciben sanciones. Exigimos celeridad y claridad en la información oficial, y prioridad a la voz de las familias afectadas en los procesos. Políticamente, la medida tiene carácter reversible: expertos señalan que otra administración podría suspender o modificar la práctica, pero mientras esté vigente los migrantes deben conocer sus derechos y plazos. Recomendamos: verificar en fuentes oficiales, no pagar sin comprobar, apelar dentro de los 30 días y buscar asesoría consular y legal.