A menos de 24 horas de reforzar subsidios de mayo para contener el impacto internacional en precios del gas, el gobierno nacional presentó un proyecto que reduce el alcance de la “zona fría”, toma como criterio el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para las incorporaciones de 2021 y deroga varios regímenes de promoción de hidrocarburos. Según el texto enviado a Diputados, 3,2 millones de hogares fueron los incorporados por la Ley 27.637 y serán ahora evaluados por el SEF. El proyecto mantiene la bonificación del 50% de la tarifa plena para la Patagonia, la Puna y Malargüe.
¿Qué propone exactamente el proyecto?
El proyecto propone —según sus fundamentos— volver a los criterios geográficos previos a 2021 para la “zona fría” y usar el SEF para las localidades incorporadas por la ley de 2021. En la práctica eso implica que la bonificación del 50% sigue vigente para las subzonas tradicionalmente frías, mientras que los demás incluidos en 2021 quedarán sujetos a un test socioeconómico: hogares con ingresos netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2”, según el INDEC, o con certificaciones sociales como RENABAP o pensiones de veteranos, serán beneficiarios del SEF. El texto especifica además que el subsidio deberá calcularse solo sobre el precio del gas y no sobre los ítems cobrados por distribuidoras o subdistribuidoras, lo que cambia la base de liquidación del apoyo público.
¿Cómo impacta esto en Santa Fe y en los bolsillos?
El proyecto identifica subzonas que incluyen el sur de la provincia de Santa Fe entre las áreas con climas templados que fueron ampliadas en 2021. La ley de 2021 había incorporado localidades de más de diez provincias y “cincuenta municipios” de la provincia de Buenos Aires, según la misma norma, ampliando sensiblemente el universo de beneficiarios. En la práctica, para los 3,2 millones de hogares incorporados, el texto no aclara la magnitud de la bonificación que fijará la Secretaría de Energía ni el impacto fiscal agregado para las provincias. Eso deja una pregunta central para Santa Fe: quiénes perderán o verán reducida la bonificación y qué compensaciones provinciales o municipales serán necesarias para amortiguar cambios. Desde la lente fiscal provincial, lo relevante no es solo qué porcentaje se mantiene, sino con qué partidas se compensa la rebaja.
Ventajas fiscales propuestas y riesgos políticos e institucionales
En materia fiscal, el argumento oficial es acotar subsidios cruzados y focalizar recursos para reducir el gasto corriente dedicado a tarifas. Además, el proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de gravámenes para fuentes renovables prevista en el artículo 4° de la Ley 26.190, y deroga decretos como el 277/2022 y el 929/2013 y artículos 19 a 22 de la Ley 27.007 sobre hidrocarburos, respetando los derechos adquiridos de proyectos aprobados. Esos cambios buscan reconfigurar incentivos a la inversión en hidrocarburos y proteger incentivos a renovables. El riesgo es político: una modificación geográfica y socioeconómica del subsidio en año electoral suele generar conflictos localizados en provincias y municipios. También es institucional: el proyecto no presenta un anexo con el costo fiscal estimado de la medida ni la metodología para valorar el ahorro, lo que complica la evaluación legislativa y la rendición pública.
Qué exigimos como prioridad
Vemos que el proyecto toca dos frentes críticos: subsidios y promoción energética. Exigimos transparencia y auditoría independiente sobre la trazabilidad contractual y el costo fiscal de cualquier ajuste, en línea con nuestra posición previa sobre energía y biocombustibles. Pedimos además que la Secretaría de Energía publique el cálculo de la bonificación para los 3,2 millones de hogares incorporados por la Ley 27.637 y que el Congreso reciba un informe con el impacto por jurisdicción. Sin esos números, la discusión será de declaraciones y no de política pública rigurosa. Para la ciudadanía y para Santa Fe, la pregunta no es solo quién califica, sino cuánto dinero público se redistribuye y con qué criterios objetivos se protege a los más vulnerables.
