Se trata de un operativo de “limpieza” interno en la quinta de Villa Rosa, en Pilar, diseñado para borrar rastros que vinculaban al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, con el predio, según el relato publicado por LA NACION.

Qué pasó en la quinta de Pilar

El primer movimiento documentado arrancó el 1 de diciembre, cuando el juez Luis Armella allanó Sur Finanzas, y terminó con un allanamiento en la quinta el 12 de diciembre, 11 días después, según LA NACION. En ese lapso, los empleados debieron cerrar grupos de WhatsApp y eliminar fotos y videos en sus teléfonos; algunos borraron imágenes delante de sus jefes para que no quedaran rastros. El relato periodístico describe a un ‘casero’ llamado Emanuel como quien centralizó la recepción y salida de objetos desde la casa. Los peritos valuaron la casa principal en US$2.385.000 y la nota señala que todo el predio estaría valuado en más de US$20 millones, además de encontrar más de 50 vehículos de alta gama y colección, según LA NACION.

¿Qué pruebas quedan y qué se perdió?

La Policía encontró un bolso y una plaqueta con el nombre de Toviggino; hasta ahora esos son las únicas pruebas directas que la nota atribuye al tesorero, de acuerdo con LA NACION. Fotos del allanamiento muestran repisas con portarretratos vacíos y cajones removidos; objetos personales, un bombo tallado con el nombre de Pablo y una botella de whisky personalizada desaparecieron. El relato también menciona la extracción de una réplica de la Copa del Mundo y fotos familiares. La Justicia ordenó un peritaje de los autos en la causa que conduce el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, medida que la nota atribuye al magistrado y que será clave para reconstruir la trazabilidad del patrimonio.

Qué dicen los trabajadores y cómo quedó la planta de personal

Según LA NACION, la mayoría de los empleados fue despedida en febrero, un mes después de los allanamientos; esa reducción dejó solo cuatro empleados de limpieza y dos de mantenimiento en la quinta. Los testimonios que recoge la nota muestran temor a represalias: empleados relatan que entregaban los celulares a un responsable y que, durante el operativo, se les pidió eliminar material. La Justicia, siempre según la crónica, no citó a declarar a esos trabajadores como testigos pese a que eran quienes registraban tareas y entregas. Esa ausencia de citación deja un vacío probatorio que la investigación penal debería cubrir, tanto para proteger a testigos como para reconstruir quién movilizó objetos y en qué momentos.

¿Qué debería pedir el Estado y qué falta para transparencia?

Vemos que la causa tiene medidas pendientes y plazos judiciales que condicionan su avance; la Cámara de Casación demoró la definición sobre los jueces y procesamientos por dos meses, según la nota. Frente a eso, la respuesta estatal tiene dos ejes: garantías para testigos y peritajes públicos. Debe exigirse que los peritajes de los más de 50 vehículos sean con protocolos claros y con publicación de resultados, y que los empleados sean citados como testigos protegidos. También corresponde una auditoría patrimonial completa sobre el predio valuado en más de US$20 millones y controles sobre las empresas que figuraron en pagos en blanco y en efectivo. Exigimos transparencia y presencia estatal territorial: sin investigación integral y sin protocolos de custodia de pruebas, el relato de una ‘limpieza’ puede convertirse en pérdida definitiva de evidencia.