En los últimos dos años, nueve de cada diez puestos laborales creados correspondieron a modalidades precarias de cuentapropismo, sin relación de dependencia ni protección social (según el Instituto Gino Germani, UBA, citado por El Ciudadano, 19/05/2026). Este dato es la síntesis de una metamorfosis: el mercado laboral no creció neto, sino que mutó su composición.
¿Qué dice el informe y por qué importa?
El reporte titulado “Derrame invertido: la cascada regresiva” muestra que entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025 el saldo neto de puestos fue casi nulo (-18.764), pero eso oculta la destrucción de 253.543 empleos asalariados formales y la creación de 288.765 cuentapropistas de baja calificación (Instituto Gino Germani, UBA, citado en El Ciudadano, 19/05/2026). El segmento de cuentapropistas de baja calificación alcanza 2,6 millones de trabajadores; el 73% opera en la informalidad total y el 47% no supera el secundario incompleto. Vemos dos consecuencias inmediatas: pérdida de ingreso regular para hogares vulnerables y debilitamiento de la base contributiva que sostiene obras sociales y jubilaciones (datos: Instituto Gino Germani, UBA).
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
La menor participación relativa de asalariados formales —del 50% al 46% de las inserciones laborales en los últimos nueve años según el mismo informe— reduce la capacidad de consumo estable y erosiona la recaudación por aportes y contribuciones (Instituto Gino Germani, UBA). Los ingresos promedio declarados por estos cuentapropistas son $720.000 mensuales, un 45% por debajo de lo que percibe un asalariado formal; además, el 86% no supera la canasta básica total y el 42% la canasta alimentaria. Ese combo explica por qué trabajar más horas no necesariamente sale de la pobreza: el 44% está sobreocupado y el 33% es subocupado. A nivel macro, menor formalización significa menor recaudación previsional y menor capacidad estatal para financiar redes de protección.
¿Qué significa para las políticas públicas y las jubilaciones?
La expansión del empleo precario tiene un efecto previsional acumulativo: trabajadores sin aportes hoy implican jubilaciones menores mañana o una mayor carga fiscal para mantener las prestaciones actuales. Si el 73% de este segmento opera fuera de todo registro, la caja previsional pierde base contributiva (Instituto Gino Germani, UBA). Por eso exigimos transparencia sobre fórmulas y financiamiento de políticas que protejan jubilaciones, como hicimos al reclamar claridad en la movilidad y en los bonos para jubilados (ver nota: “Jubilaciones: la mínima perdió 10,3% frente a la inflación según Iaraf” https://diariosantafe.com.ar/politica/jubilaciones-la-minima-perdio-103-frente-a-la-inflacion-segu-2026-05-18). No alcanza solo con discursos: hace falta auditar la magnitud del problema, cuantificar la merma de aportes y diseñar compensaciones fiscales temporales y mecanismos de inclusión laboral.
Qué hacer: prioridades fiscales y laborales
Primero, formalizar con incentivos temporales y fiscalización: condicionar reducciones impositivas a la creación efectiva de puestos registrados y control efectivo de registración en cadenas productivas de baja productividad. Segundo, invertir en capacitación focalizada: casi la mitad de este grupo no supera el secundario, lo que exige políticas activas para mejorar la empleabilidad (datos: Instituto Gino Germani, UBA). Tercero, pensar la fiscalidad desde la realidad provincial: seguir el dinero —¿de dónde sale la plata para incentivos y cómo se reparte entre Nación y provincias?— es clave para que Santa Fe y otras jurisdicciones no asuman cargas desiguales. Finalmente, imponer transparencia pública sobre el impacto fiscal de las medidas y control legislativo permanente: sin números verificables no hay políticas sostenibles. La pregunta es clara: ¿queremos resignarnos a un mercado donde el crecimiento convierte empleos en subsistencia, o vamos a reorientar recursos para recuperar trabajo decente y aportes para el futuro?
