La confianza en el Gobierno registró en abril su quinto mes consecutivo a la baja: el Índice de Confianza de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado con la consultora Poliarquía, se ubicó en 2,02 puntos en una escala de 0 a 5, lo que representa una caída de 12,1% respecto a marzo (variación mensual) y del 13,2% en términos interanuales, según el informe que entrevistó a 1.000 personas entre el 6 y el 17 de abril. Esta serie decreciente —con retrocesos previos de 0,1% en diciembre, 2,8% en enero, 0,6% en febrero y 3,5% en marzo— es la más sostenida desde que la medición comenzó a bajar en diciembre de 2025 (UTDT/Poliarquía).

¿Qué mide el índice y qué dicen sus componentes?

El índice de la UTDT se arma con cinco ejes y en abril todos mostraron retrocesos relevantes, lo que no es un ruido estadístico sino una fotografía de percepciones múltiples. En detalle, la variable “Eficiencia” cayó 21,4%, la “Evaluación general del Gobierno” descendió 17,2%, la “Preocupación por el interés general” retrocedió 13,9%, la “Honestidad” bajó 8,4% y la “Capacidad” cayó 2,0% respecto a marzo (UTDT/Poliarquía). Además, la encuesta señala que la peor caída se dio entre personas con nivel secundario, en varones y en el tramo etario de 30 a 49 años, mientras que el segmento 18-29 años mostró el mejor desempeño relativo; geográficamente el interior mantiene el nivel más alto pero todas las regiones registraron descensos (UTDT/Poliarquía). Comparativamente, el informe recuerda que el índice quedó por encima del valor de abril de 2022 del gobierno anterior (1,44) pero por debajo del de abril de 2018 (2,07), lo que ubica la lectura actual en un punto intermedio del registro histórico comunicado por la UTDT.

¿Por qué está cayendo la confianza?

No hay una sola causa en una caída transversal como esta; hay señales coincidentes. La fuerte baja en eficiencia (-21,4%) y en la evaluación general (-17,2%) sugiere problemas operativos y de gestión percibida por la ciudadanía, lo que suele vincularse a la experiencia cotidiana con servicios públicos, trámites y respuestas del Estado (UTDT/Poliarquía). La concentración del descenso en el segmento 30-49 años y en personas con nivel secundario apunta a una erosión en el núcleo del voto laboral y del consumo, es decir, entre quienes toman decisiones económicas familiares y laborales, una lectura coherente con preocupaciones sobre ingresos y empleo señaladas por otras encuestas de percepción pública. También importa la velocidad: una caída acumulada en cinco meses tiende a amplificar efectos políticos porque transforma insatisfacción en duda electoral y en demanda de correcciones concretas (UTDT/Poliarquía). Frente a esto observamos que las respuestas públicas que no explican rutas de financiamiento, impacto sobre salarios o medidas para pymes suelen profundizar la desconfianza.

¿Qué implica para la gestión y qué debería hacerse?

Desde una lectura política y administrativa, una caída sostenida de la confianza obliga a tres acciones complementarias: transparencia verificable, corrección de gestión operativa y medidas económicas que alivien a sectores medios y pymes. La primera línea es institucional: disponer auditorías independientes y públicos reportes sobre decisiones relevantes, algo coherente con nuestra exigencia previa de transparencia en compras y en estrategia de financiamiento (posiciones públicas 27/4/2026). La segunda es técnica: priorizar soluciones que mejoren los indicadores de eficiencia que la encuesta puso en rojo (UTDT/Poliarquía). La tercera es social y fiscal: políticas que protejan salarios reales y apoyos directos a pymes para evitar que la percepción negativa se transforme en deterioro material del empleo y del consumo. En suma, la encuesta de abril no es solo un termómetro electoral; es una advertencia sobre gestión y rendición de cuentas que el Gobierno debería abordar con datos y medidas concretas (UTDT/Poliarquía).