Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 hay dos lecturas compatibles pero contradictorias: el Ejecutivo exhibe una “evolución real” positiva de +12,1% para los haberes sujetos a la regla de movilidad (respuesta de la Jefatura de Gabinete, pregunta 1327), pero buena parte de los jubilados —especialmente quienes perciben el haber mínimo más el bono— registra una pérdida de poder de compra del 12,7% a marzo de 2026 (La Nación / Subsecretaría de Seguridad Social). Ese contraste no es un tecnicismo: determina quién recupera y quién sigue perdiendo frente a la inflación.

¿Perdieron todos los jubilados poder de compra?

No: depende del tramo del sistema. Para las 3,14 millones de personas cuyos haberes están por encima del mínimo y se ajustan por la movilidad, la comparación entre dic-2023 y feb-2026 muestra una recuperación real cercana al 12% (Jefatura de Gabinete). Esa cifra surge porque esos haberes subieron nominalmente 239,8% en el período, mientras que la inflación medida por el IPC del INDEC entre enero de 2024 y feb-2026 fue 203,3% (INDEC). Sin embargo, la dinámica mensual puede dar retrocesos puntuales: en marzo de 2026 el aumento nominal fue 2,9% mientras la inflación de enero fue 3,4%, lo que produjo un resultado negativo ese mes para los reajustes (INDEC). Además, la recuperación actual no compensa el deterioro acumulado en períodos previos: entre 2021 y marzo de 2024 el poder adquisitivo del sector registró una caída acumulada del 50,3% según fallos y estudios citados en la discusión pública.

¿Por qué los más vulnerables siguen perdiendo?

La razón central es el bono o refuerzo: desde marzo de 2024 se paga un monto fijo de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, sin actualización automática (La Nación / Jefatura de Gabinete). Ese mecanismo explica por qué, según los cálculos publicados, 2,93 millones de jubilados del sistema contributivo que cobran mínimo más bono ven su poder de compra 11,9% menor a febrero de 2026 y 12,7% menor a marzo (La Nación / Subsecretaría de Seguridad Social). A esos se suman 210.200 perceptores de la PUAM y 1,4 millones de pensionados no contributivos que también reciben el refuerzo; en conjunto son unos 4,5 millones de beneficiarios con el bono (Subsecretaría de Seguridad Social). Las cifras de pérdida real son claras: la PUAM cayó 15,6% a febrero y 16,4% a marzo; las pensiones no contributivas bajaron 17,8% a febrero y 18,7% a marzo (cálculo con IPC INDEC). Mantener un refuerzo nominal congelado en un contexto de inflación elevada es, por definición, regresivo.

Qué plantea el Gobierno y qué exigimos desde la perspectiva fiscal y federal

La Jefatura de Gabinete reconoce que la continuidad o modificación del refuerzo debe evaluarse “en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos” (informe a la Cámara). Esa discusión presupuestaria es legítima, pero exige datos: cuánto cuesta incorporar el bono al haber mínimo, cómo se financiaría y qué impacto tendría en transferencias a provincias. Hoy no hay una estimación pública y detallada del costo fiscal ni del efecto sobre la coparticipación. Vemos, además, una decisión política explícita: mantener la discrecionalidad del pago del refuerzo (no incorporarlo al haber). Exigimos: 1) transparencia plena del costo fiscal del refuerzo y del destino de las partidas en el presupuesto nacional (Jefatura de Gabinete/Ministerio de Economia), 2) actualización automática e indexada del bono o su incorporación al haber mínimo para evitar pérdidas continuas, y 3) un esquema de compensación federal que explique el impacto en las finanzas provinciales, especialmente en provincias como Santa Fe donde el gasto social y las plantas estatales son determinantes.

En síntesis, hay recuperación para un segmento, pero no para millones de adultos mayores. Pedimos números públicos, calendario de actualización y responsabilidad fiscal explicada con números, no solo con frases.